La coalición Caballas ha anunciado que presentará al pleno ordinario del próximo 27 de febrero una propuesta para buscar que toda la Corporación se implique en la petición de “esclarecimiento absoluto de todos los hechos” y exigencia de que “se depuren todas las responsabilidades políticas y penales que de ello se deriven”. La coalición quiere obtener el respaldo de los demás grupos trasladando así al Pleno el debate político que ya se ha mantenido en otros foros a nivel nacional.
Caballas argumenta su propuesta en el hecho de que lo sucedido no fue “una muerte natural, no fue casual, no fue inevitable: por eso nos produce un horror insoportable”. Sentencia que el pasado 6 de febrero, “la tragedia inundó Ceuta en forma de muerte. Quince personas perdieron la vida en la frontera del Tarajal cuando intentaban entrar en nuestro país. Ante nuestros propios ojos, quince seres humanos, cuyo único delito era ejercer el legítimo derecho de todo ser humano a buscar un modo de vida digno, vieron truncadas sus aspiraciones violentamente hasta el extremo de encontrar la muerte. Un drama humano que no puede dejar indiferente a nadie”, apunta la coalición que, con esta propuesta, quiere extrapolar el debate ejercido por los partidos con representación a nivel nacional en la Cámara.
“El Gobierno de la Nación, responsable de la política de frontera, ha rebasado el límite de lo éticamente permisible en el ejercicio de sus competencias. La represión de la inmigración ilegal no puede justificar en ningún caso, y en ninguna circunstancia, la vulneración de los derechos humanos, que a todos los demócratas nos comprometen de un modo radicalmente ineludible”, señala Caballas.
“Ceuta se ha erigido en todo el mundo como paradigma de la vergüenza. Durante las últimas semanas, Ceuta ha sido un triste ejemplo de cómo no se debe actuar. Muchos ceutíes también nos sentimos avergonzados de que estos hechos se hayan producido en nuestra ciudad. A todo ello hemos de añadir la lamentable gestión posterior de los responsables políticos, que, en un inusitado alarde de cinismo y mentira, niegan la evidencia hasta el ridículo, y pretenden atrincherarse tras el buen nombre de la Guardia Civil que nadie ha cuestionado”, espeta la coalición, argumentando una propuesta que, hasta ahora, nunca antes se había llevado a debate plenario. Tampoco UDCE, con representación asamblearia desde hace años, hizo lo propio años atrás. Ahora considera Caballas que llega el momento por lo que solicita la unión de todos los grupos para forzar un pronunciamiento al respecto.
Caballas pide el esclarecimiento de los hechos, que se depuren todas las responsabilidades políticas y penales que de ello se deriven y que se rechace rotundamente el “intento malintencionado del Gobierno de la Nación de responsabilizar de los hechos a la Guardia Civil, que es un Instituto Armado que actúa bajo mando en una estricta jerarquía militar. La responsabilidad recae, única y exclusivamente, en aquellos que dictaron las órdenes”, señala. Caballas apoya la petición de la AUGC de que exista un protocolo expreso y ajustado a la legalidad vigente, que clarifique el modo de intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad y pide cambios legislativos e implicación europea.
Petición de una cadena de ceses políticos
Caballas quiere unidad política para repudiar “la gestión de la información y explicación posterior de los hechos protagonizada por los responsables del Gobierno. Los tres portavoces, el delegado, el director general de la Guardia Civil y el propio ministro han ofrecido versiones contradictorias, explicaciones inverosímiles y mentiras flagrantes. Quién miente en un asunto de tanta trascendencia, está inhabilitado para desempeñar un cargo público de esta relevancia”.