Así las cosas, la coalición ha señalado que elevó al Pleno una propuesta que consideró de “carácter estrictamente humanitario”, contando con el beneplácito del PP y el PSOE y la única alegación, presentada por los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno. “Los ciudadanos deben saber que en la actualidad existen familias, de nacionalidad española y legalmente residentes en nuestra ciudad, a los que una disposición administrativa impide que puedan contratar el servicio de suministro de energía eléctrica por el hecho de que su vivienda incumpla la legislación urbanística. Son familias que viven en Ceuta, trabajan en Ceuta, pagan sus impuestos en Ceuta, pero no pueden disponer en sus casas de luz eléctrica”, insiste la formación.
Ante estos hechos, Caballas advierte de que “única y exclusivamente” lo que se persigue es “reparar esta injusticia acabando con una situación que sólo cabe calificar de inhumana”. Acusa además a los que “dicen defender los intereses de Ceuta, haciendo sufrir a los ceutíes”, de ser “en realidad, malas personas que defienden sus propios intereses, espurios y mezquinos”.
Para la coalición, sacar adelante esta modificación supone resolver una problemática que afecta a varios centenares de ceutíes “de toda condición, raza y religión; y de zonas muy diversas. La existencia de viviendas fuera de ordenación es un problema político. La administración ha sido incapaz de desarrollar urbanísticamente la ciudad al mismo ritmo que demandaba la población. La escasez de suelo, provocada entre otras cosas por el secuestro de millones de metros cuadrados de los ceutíes por el Ministerio de Defensa, es una de las causas principales de la proliferación de estas viviendas ilegales”, advierten. Con este fundamento, Caballas reclama que el texto de la ordenanza salga adelante de acuerdo a los planteamientos sobre los que contó con el beneplácito de todas las fuerzas políticas.
“Están mintiendo”
Les acusa de mentir. Es lo que dice Caballas que hacen quienes están diciendo que su propuesta pretende legalizar viviendas ilegales. “La legalización urbanística de una vivienda no guarda ninguna relación con el acceso, o no, de sus moradores al suministro de energía eléctrica. De hecho así se hace constar en la propia modificación de la ordenanza. Estas críticas, coincidentes con el criterio expresado por el delegado son el fruto de mentalidades retrógradas, de corte fascista, que alimentan tópicos y prejuicios desde la más absoluta irresponsabilidad”, sentencia la coalición.
