Caballas denuncia que el Gobierno convocó el día cuatro de agosto un Consejo de Administración de Acemsa y el día ocho otro de Procesa, ambos de carácter extraordinario, para reconocer una deuda de un millón seiscientos mil euros a dos contratistas por obras ejecutadas en su día sin la correspondiente y legalmente obligatoria, consignación presupuestaria.
Cuando aún no había transcurrido una semana desde la celebración de la Comisión de Hacienda para “aclarar” deudas, comienza a aparecer, según la coalición, la “punta del iceberg” que amenaza de muerte la estabilidad financiera de la entidad.
Este hecho ratifica el diagnóstico de Caballas tras la Comisión de Hacienda, en el que puso de manifiesto que la deuda real del Ayuntamiento con los proveedores es muy superior a los 30 millones de euros reconocidos por el Gobierno.
Insisten en que existe un volumen de deuda oculta muy importante (según los primeros datos recabados por Caballas, muy próximo a los 20 millones de euros), que el Gobierno se niega a reconocer para que la ciudadanía no sea consciente de la dificultad por la que atraviesa el ayuntamiento; no como consecuencia de la crisis nacional, sino por la consolidación de un comportamiento irresponsable que ha llevado a gastar sin control y no pagar, con la única finalidad de hacerse campaña electoral.
Caballas ha solicitado en los Consejos de Administración la documentación pertinente que permita determinar responsabilidades políticas, o legales si las hubiera, por una práctica que puede vulnerar la legalidad (no existe concurrencia de oferta); a la vez que perjudica gravemente los intereses municipales (no existe control previo sobre los precios) y los de las propias empresas afectadas (se tardan años en reconocer y pagar la deuda).
