Caballas ha anunciado la intención de presentar un “conjunto de alegaciones” orientadas a evitar el carácter “restrictivo” del nuevo Reglamento de Alojamiento Alternativo que en su opinión supone “un inadmisible paso atrás al recortar de manera sustancial” las prestaciones básicas “para un buen número de familias ceutíes que “atraviesan por grandes dificultades”.
La coalición liderada por Mohamed Ali considera que, en una coyuntura marcada por la fuerte crisis, “lo que implica un notable incremento del paro y de las situaciones de pobreza y necesidad”, el Gobierno “debe reforzar las medidas de protección social y no devaluar las existentes, ya de por sí, insuficientes”.
Según figura en el texto redactado por los técnicos de la Consejería de Asuntos Sociales, quedarán excluidos de recibir prestaciones para el pago del alquiler aquellos solicitantes que hayan renunciado a un empleo “sin causa justificada” dentro de los seis meses anteriores a la petición y también dejarán de percibirla quienes hayan “causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, dentro de los doce meses anteriores”.
El documento, que fue aprobado inicialmente en el pleno de julio, establece en 700 euros mensuales la renta máxima a subvencionar por la Administración local y en 300 la cuantía máxima a conceder por unidad familiar. Además, las prestaciones no podrán extenderse más allá de 60 mensualidades y una vez extinguida habrá que esperar 18 meses para volver a solicitarla.
Tampoco podrán recibir ayudas aquellas unidades familiares que, una vez descontado el importe de su alquiler de sus ingresos mensuales, tengan disponible “el 65%” de los mismos. Los solicitantes susceptibles de recibir ayudas deberán ser residentes legales en España mayores de edad con una antigüedad mínima como empadronados en la ciudad autónoma de dos años que, además, acrediten tener “una fuente regular de ingresos”.
La cuantía de la prestación se determinará en cada caso atendiendo a "los ingresos ponderados de la unidad familiar" atendiendo a su número de miembros y a las características de cada uno de ellos (discapacitados, víctimas de violencia de género, mayores...), aunque "en ningún caso se subvencionarán los gastos concernientes a la fianza, primer recibo o derivados de una agencia inmobiliaria salvo resolución expresa de la Comisión de Valoración".
Además de Caballas, el PSOE también anunció recientemente su intención de presentar alegaciones a un reglamento que consideraron igualmente “excluyente” y “restrictivo”.
