Caballas ya dispone del Decreto y la encomienda de gestión en virtud de la cual el Gobierno de Vivas encargó a Tragsa la reforma de Gran Vía y zonas aledañas por 7,8 millones de euros justo antes de que terminase el año pasado para, así, evitar pagar la tasa urbanística que ha entrado en vigor en enero.
La coalición espera ahora hacerse con el proyecto para, con toda la documentación, iniciar acciones judiciales, presumiblemente por la vía penal por una presunta prevaricación, contra el Ejecutivo local.
Según recordó el portavoz localista, Mohamed Ali, la querella de Caballas responderá a “esta actitud unilateral y sin razón del Gobierno que se ha negado a sacar a exposición pública una obra que supondrá dejar sin plazas de aparcamiento la calle Jáudenes, gastar 9 millones de fondos públicos o alterar el tráfico en la Plaza de África y sobre la que considerábamos que taxistas, comerciantes y ciudadanos en general teníamos derecho a pronunciarnos en ese trámite”.
Como el Ejecutivo del PP se ha negado a hacerlo, la formación localista, tal y como había anunciado, recurrirá a la Justicia para que aclare si el procedimiento se ha ajustado o no a la normativa y si, con su proceder “ocultista”, ha ignorado a sabiendas, vista la cantidad de veces que Caballas se lo ha advertido por escrito, la legislación aplicable”.
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