Búscome denuncia “ el grave error que ha cometido la Oficina de Atención a las Victimas del Juzgado de Ceuta al dejar reflejado, en un artículo que publica El Faro, que hay un interés económico a la hora de denunciar un maltrato”. La noticia dice textualmente que “la denuncia se basa en un interés económico, como puede ser el cobro de la ayuda que se otorga a las mujeres que han solicitado una orden de alejamiento y les ha sido concedida, lo que supone un pago periódico de 426 euros. La víctima real de violencia de género no quiere dinero”. “Realmente, - se pregunta la asociación, “ ¿cómo se puede permitir semejante mezquindad? Para empezar, hay que saber que para que te otorguen algunas de las medidas de la Ley Integral tiene que existir una Orden de Protección, es decir, la certeza por parte de la Justicia de que la mujer está siendo maltratada y, por tanto, que peligra la integridad de su vida. Además, uno de los motivos por los que la mujer no da el paso es por la dependencia económica, pues esta misma Oficina tiene que conocer que también existe la violencia económica”. Búscome también afirma que “es asombroso que la Oficina de Atención a las Víctimas se atreva a desmentir los datos oficiales y a dar por bueno el hecho de que la violencia de género se produce más en las mujeres extranjeras, pues está anulando a las Instituciones y a todos los organismos oficiales que trabajan con las mujeres, asi como a las organizaciones feministas, a quienes también dejan en entredicho al más estilo discurso de Vox”. “Hay que romper con los mitos falsos de la violencia de género. Que una denuncia sea absuelta no quiere decir que sea falsa. En 2018, 14 de las 47 mujeres asesinadas sí habían denunciado, y de esas 14 tan sólo en 9 de los casos se adoptó una medida de protección. Si queremos proteger a las mujeres desde el ámbito judicial hay que acabar con los estereotipos de género que imponen una carga de prueba superior a las mujeres frente a los hombres, tachándolas de denunciar falsamente debido a la búsqueda de justificaciones para la conducta del agresor que lo dejen impune”. “Es curioso, dice Búscome, que la Oficina de Atención a las Víctimas diga en ese comunicado que los mecanismos de protección están fallando y que eso perjudica a las “verdaderas” víctimas, cuando lo que realmente perjudica a las mujeres maltratadas son los discursos patriarcales de este tipo, así como la cobertura mediática en un medio de comunicación, pues recordamos que la prensa debe de cumplir el código ético y la Ley Integral contra la Violencia de Género”. Asimismo , Búscome dice “ no entender a qué se refiere la Oficina de Atención a las víctimas cuando afirma que hay que hacer una criba” y le evoca a que "haga caso a los expertos en violencia de género que elaboraron el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la Ley Integral, asegurando que a estas alturas defender que las mujeres denuncian malos tratos en falso es negar la evidencia de los datos porque no sólo las sucesivas memorias anuales de la Fiscalía General del Estado han demostrado lo contrario, sino que el análisis de las sentencias dictadas no ha encontrado evidencia de esta práctica". Por último, Búscome pide a quien tenga competencias directa sobre esta Oficina a que " examine a fondo qué está pasando para que se esté difundiendo, en medio de una oleada de crímenes y ataques contra los derechos de las mujeres, este argumentario que tira por tierra todo el trabajo que se está realizando de cara al Pacto de Estado, donde el ámbito judicial tendrá un papel vital".
"Hay que tener poca moral para cuestionar la mayor lacra social y una de las causas más comunes de muerte y secuelas para las mujeres".