En las últimas semanas se ha avivado en redes sociales
el debate en torno al burkini, traje de baño especialmente diseñado para mujeres musulmanas que sólo deja al descubierto la cara, las manos y los pies. A pesar de que la polémica alcanzó su punto más álgido hace dos veranos, cuando fue tildada por muchos colectivos de racista y machista, una tribuna difundida por VOX a los medios de comunicación locales en la que se demandaba la prohibición de la prenda en las playas de Ceuta ha generado de nuevo numerosas reacciones en la ciudad.
Fue en 2016 cuando el tema estuvo presente en televisiones, radios e incluso en el debate político, especialmente en Francia. Desde que la ciudad gala de Cannes anunció la prohibición del burkini en sus playas durante el verano, más de una decena de localidades se sumaron a la iniciativa.
Tras los esfuerzos de diversas organizaciones de luchar contra los alcaldes que querían prohibir la prenda de baño usada por muchas musulmanas, el Consejo de Estado francés, la más alta jurisdicción administrativa del país, invalidó el decreto municipal que impedía el uso del burkini en las playas de Villeneuve Loubet. Una decisión que creó jurisprudencia en el resto del país y que, en teoría, sentenció el debate sobre su legalidad atendiendo a los Derechos Humanos.
No hay motivo para prohibir
Una
resolución emitida por la ONU, firmada por el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, apoyó la decisión. Según las normas internacionales de derechos humanos, la limitación de las expresiones en materia de religión o creencia, comprendidas las preferencias de indumentaria, sólo se permite en circunstancias muy limitadas, entre otras por motivos de seguridad pública, salud pública o moralidad. Una circunstancia que para nada se da en ciudades como las francesas o Ceuta, en las que conviven distintas culturas.
La ONU recordó que, a pesar de que comprendía la agustia y la ira que causaron los ataques terroristas realizados en Francia en los últimos meses, entre ellos la atroz agresión perpetrada en Niza el 14 de julio, este tipo de decretos no mejoraban la situación de seguridad, sino que atizaban la intolerancia religiosa y la estigmatización de los musulmanes en Francia, en particular de las mujeres.
De esta forma, la propia organización internacional relacionó el auge de este tipo de medidas con componentes racistas con hechos recientes que tienden a desatar la ira de muchos ciudadanos. Precisamente en las últimas semanas, a raíz de los
métodos utilizados por los inmigrantes subsaharianos en su salto masivo a la valla de Ceuta, la indignación ciudadana también se ha puesto de manifiesto. De hecho,
las visitas a la ciudad de VOX, Ciudadanos o PP para interesarse por la situación fueron inmediatas.
Polarización entre comunidades
La resolución recordaba que este tipo de medidas estimulaban la polarización entre las comunidades: "Esas prohibiciones de indumentaria sólo han conseguido aumentar las tensiones y, en consecuencia, podrían en realidad socavar los esfuerzos encaminados a combatir y prevenir el extremismo violento, que dependen de la colaboración y el respeto mutuo entre las comunidades".
Es evidente, como quiso recordar la organización, que a las personas que usan burkinis o cualquier otra vestimenta no puede culpárseles de las reacciones violentas u hostiles de los demás.
Mujeres y niñas, de nuevo las señaladas
Las normas sobre la indumentaria, tales como los decretos anti-burkini, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, socavan su autonomía al negarles la posibilidad de tomar decisiones independientes sobre la manera de vestir y son claramente discriminatorias para ellas. Además, como se señaló en múltiples ocasiones, los decretos anti burkini se han aplicado en algunos centros turísticos de Francia de manera humillante y degradante.
"La consecución de la igualdad de género exige la comprensión de los obstáculos que impiden que las mujeres y las niñas puedan optar libremente y la creación de un contexto propicio al ejercicio de su capacidad de decisión, lo que abarca la elección del vestido, aunque no se limita a ella. La igualdad de género no puede alcanzarse mediante la restricción de las libertades individuales, como la reglamentación de la indumentaria que cada mujer decide llevar", sentenciaba la resolución.