La nueva infraestructura para canalizar el tráfico de bultos, el ‘Tarajal II’, incluirá con su inauguración la puesta en marcha de algunas medidas como, por ejemplo, la reducción del tamaño de los bultos que no podrá superar los 60 centímetros. Llama la atención que esta medida se ‘venda’ como novedad cuando fue el exdelegado del Gobierno con el PSOE, José Fernández Chacón, el que dio orden, ya hace años, de que nunca se superara ese tamaño. La dio después de la muerte de dos porteadoras aplastadas con el ánimo de poner un punto y final a las tropelías que a diario se cometían en el polígono del Tarajal.
La medida de Chacón duró lo que el miedo de las autoridades a sentarse en un banquillo por si había algún juez que considerara que había responsabilidad entre quienes se habían dejado dormir en prácticas buenistas. Poco después los famosos 60 se olvidaron y los bultos empezaron a ser más grandes que los cuerpos de las mujeres que los portaban. Hubo fotografías espectaculares publicadas en este medio protagonizadas por féminas que no podían levantarse del peso que se les había colocado. Por humanidad y por decencia nunca se tendría que haber bajado la guardia en los controles, pero, ya saben, la dejación de funciones es ‘marca de la casa’, así que el tiempo hizo su trabajo y el olvido provocó que el tercermundismo se adueñara, de nuevo, en la zona.
Hemos dejado un verano con mujeres obligadas a estar hacinadas en una playa usurpada a los vecinos de las barriadas cercanas. Las hemos visto deformadas por grandes bultos, sin comer ni beber en pleno Ramadán, sin un toldo siquiera que las protegiera, tratadas como auténticas mulas. Y esto que debería haberse cortado hace ya demasiado tiempo, esto que hubo intención de ser reconducido, vuelve a tomar la forma más inmoral y denunciable que podríamos encontrar.
Ahora leo, como novedad, que los bultos deberán tener unas medidas concretas. No sé el tiempo que durará esa ‘novedad’, ni sé siquiera si el nuevo puente se abrirá en el plazo previsto. De lo único que estoy segura es de la hipocresía asentada en unas autoridades competentes a las que solo importa el poder, evitar responsabilidades y eludir cualquier acción judicial.