EFE
La Unión Europea ha dado un giro histórico en su política migratoria con la aprobación de un nuevo reglamento de retorno. Este permitirá por primera vez la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera del territorio comunitario. Una decisión que tendrá efecto en la caótica situación migratoria actual de Ceuta.
La decisión fue adoptada este lunes por los ministros del Interior de los Veintisiete. Contó con una amplia mayoría a favor, mientras España quedó prácticamente aislada en la oposición.
El reglamento busca simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, en un contexto de presión política por el auge de discursos de extrema derecha y gobiernos conservadores que impulsan medidas más duras.
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó la posición del Gobierno antes de la votación.
“No se trata de estar solos o acompañados. El debate es mantener una postura concreta, seria, razonada y sostenida en el tiempo”, afirmó.
Grande-Marlaska subrayó que España está “absolutamente involucrada” en la lucha contra la inmigración irregular.
Sin embargo, insistió en que esta política debe desarrollarse “dentro del respeto a los derechos humanos”. Y recalcó: “Las cuestiones de valores son una línea roja para nosotros”.
El reglamento aprobado permite que los Estados miembros devuelvan a personas en situación irregular a un país tercero, distinto del país de origen, siempre que exista un convenio bilateral o un acuerdo a nivel comunitario.
Este modelo se define como de “geometría variable”, porque podrá ser utilizado por los gobiernos que lo deseen y rechazado por aquellos que no quieran acogerse a él.
En paralelo, se aprobó el reglamento sobre “países terceros seguros”. Este permite trasladar a inmigrantes a Estados extracomunitarios para tramitar allí sus solicitudes de asilo, incluso sin vínculo previo con ese país.
Basta con que exista un acuerdo similar al firmado entre Italia y Albania.
España votó en contra de ambas normas.
Grande-Marlaska expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre estos centros de retorno.
Advirtió que podrían generar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con países considerados socios clave en la prevención de la migración irregular.
Una de las disposiciones más controvertidas permite mantener a los inmigrantes en detención hasta dos años, prorrogables en periodos de seis meses.
España considera que este modelo equivale a una detención indefinida. Además, los inmigrantes deberán cooperar con las autoridades durante todo el procedimiento de retorno.
En caso de incumplimiento, se prevén sanciones adicionales, como multas, detención o ampliación del internamiento.
Las deportaciones forzosas serán obligatorias cuando el inmigrante no coopere, se fugue a otro Estado miembro, incumpla el plazo de salida voluntaria o suponga un riesgo para la seguridad.
Frente a España, la mayoría de los gobiernos europeos sostiene que el nuevo marco permitirá mejorar la tasa de repatriaciones, que actualmente apenas alcanza el 20% de los casos.
Como señaló el ministro del Interior danés, Rasmus Stoklund: “Nuestros países están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo mientras las mafias se enriquecen”.
A su juicio, el sistema actual genera “incentivos perversos” y un fuerte “efecto llamada”.
Los Veintisiete aprobaron también una lista común europea de países de origen considerados seguros, en la que España no se opuso.
Incluye a todos los países candidatos a ingresar en la UE, además de Colombia, Marruecos, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto.
Las solicitudes de asilo de personas procedentes de estos Estados se tramitarán de forma acelerada y, con carácter general, serán denegadas.
El endurecimiento migratorio se completó con la reducción de la cuota anual de reubicación solidaria, que pasa de 30.000 a 21.000 personas, y la disminución de las contribuciones económicas, de 600 a 420 millones de euros.
España se abstuvo en esta votación.
Grande-Marlaska advirtió: “El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras. Sin responsabilidad no habrá solidaridad y, sin solidaridad, tampoco habrá responsabilidad”.
Estas medidas deberán ahora negociarse con el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.
Sin embargo, el peso de las fuerzas más duras en la Eurocámara sugiere que el endurecimiento migratorio quedará finalmente consagrado.
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, celebró la votación asegurando que “Europa está poniendo en orden su casa”.
España advierte que este paso quiebra el equilibrio del pacto migratorio, que aún no ha tenido oportunidad de demostrar su eficacia.
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