La plantilla de las Brigadas Verdes rechazó ayer dividida con 53 votos a favor, 66 en contra y uno en blanco referéndum pasar a depender de Tragsa y dejar de hacerlo de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) de Ceuta, que las ha dirigido durante los últimos 15 años y a cuya incierta gestión han preferido ligar su futuro sus 134 trabajadores.
Con este resultado el Comité de Empresa queda maniatado para suscribir su adhesión al Convenio estatal de Jardinería, paso previo e inexcusable para propiciar su paso a Tragsa, donde se les había ofrecido (verbalmente) una jornada semanal de cuatro días laborales con mejoras salariales.
Empujado por el PSOE, que había puesto ese trasvase como condición para apoyar los Presupuestos, el Gobierno de Vivas estaba dispuesto a desembolsar 1,13 millones más al año (4,6 en lugar de 3,5) para mantener esos empleos con “estabilidad”, pero la plantilla ha dicho que no.
Las fuentes consultadas por este periódico han apuntado a varias posibles razones de la negativa de la mitad del personal. Por un lado, la posibilidad deentrar en una sociedad municipal como Obimace u Obimasa sigue siendo el sueño de muchos de los trabajadores, inviable a ojos de los técnicos de la administración, posible según sindicatos como CGT.
La Ciudad Autónoma verá liberado más de un millón de euros para el ejercicio 2023
Por otro, entre los colectivos reacios al cambio estarían los que ven muy cerca la jubilación y aquellos a quienes sus actuales patrones no exigen ir a trabajar para cobrar.
En este escenario y con las elecciones a la vuelta de la esquina la salida “más probable” para las Brigadas Verdes parece, según las fuentes consultadas, que sigan dependiendo de la FPAV. La Federación ha visto imposible en más de una ocasión durante los últimos años hacer frente al pago de sus nóminas a tiempo por los reparos puestos por la Intervención a sus cuentas, que en más de una ocasión se han salvado de milagro.
La posición de los trabajadores tiene para las arcas municipales la ventaja de liberar algo más de un millón de euros, el que hubiese costado de más la integración de las Brigadas Verdes en Tragsa, y probablemente más, ya que la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos debe hacer cuentas sobre cuáles son realmente los costes salariales y laborales del proyecto, que han seguido consumiendo 3,5 millones de euros públicos año tras año pese a haber visto reducida su plantilla en más de un 10% a lo largo de los últimos años.
La Intervención también deberá revisar si es cierto que, pese a estar expresamente prohibido desde hace un lustro, la FPAV ha modificado al alza las remuneraciones abonadas a algunos trabajadores de las Brigadas Verdes más allá de “las que correspondan por la antigüedad de los trabajadores y otras de análoga consideración”. Igualmente tiene vetado desde hace años “la incorporación o contratación de nuevo personal”.
Las funciones de las Brigadas Verdes pasan por dar “apoyo a los vecinos para la realización de labores de adecentamiento de sus barriadas” con ocho brigadas en materia de “desbroce, con el correspondiente cuidado, embellecimiento y mantenimiento en las barriadas; y jardines de barriadas, con la conservación,cuidado, replantado y desbroce, etcétera”.
Dris: "Tragsa no es la panacea, sino una salida"
El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris, aseguró ayer en el Pleno en su respuesta a una interpelación del MDyC que para el Gobierno no tiene nada “mejor” que las Brigadas Verdes dependan de la FPAV o de Tragsa.
“Nos hemos reunido con trabajadores y con los representantes que ellos mismos han elegido”, afirmó el miembro del Ejecutivo local, que insistió en que lo que pretende la Ciudad es dar “estabilidad” a la plantilla. “Tragsa no es la panacea, sino una salida para estos trabajadores: queremos mejorar el servicio y que sea más efectivo y ordenado, así como dar estabilidad en el empleo, pero sin imponer ni intentar convencer ni presionar a nadie”, amplió Dris.
El consejero también consideró que habrá “mejoras laborales” para el personal derivadas de su adscripción al Convenio estatal de Jardinería en lugar de continuar con el que firmaron con la FPAV en 2012.
“No somos ningunos cuatreros y la realidad es la que hemos explicado a todos los trabajadores: no busque fantasmas donde no los hay”, advirtió en su contestación a la localista, en la que precisó que solamente se han barajado “las alternativas que la ley permite, entre las que la de Tragsa es la idónea para dar estabilidad y mejorar el servicio que prestan las Brigadas”.
Dos noes en 3 años
Con otro formato y distintos números, el mismo resultado. La plantilla de las Brigadas Verdes volvió a dar calabazas ayer a Tragsa como ya hiciera en febrero de 2020. Entonces su negativa a pasar a depender del medio propio se materializó en una votación en asamblea en el Salón de actos del Edificio Sindical que se saldó con una negativa abrumadoramente mayoritaria: 94 trabajadores se inclinaron por continuar con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) como patrona y solamente 11 apostaron por la sociedad pública.
Ayer el personal del proyecto que nació en 2007 volvió a apostar por continuar como hasta ahora, aunque por un resultado mucho más ajustado (66 a 53) mientras sigue confiando en los cantos de sirena que prometen que podrán entrar algún día en una sociedad municipal como Obimace u Obimasa.
Las Brigadas Verdes nacieron como una especie de plan de empleo con menos de 100 empleados y 1,9 millones de presupuesto anual, pero por el camino fueron medrando hasta superar los 150 efectivos (se quedaron, entre otros, con los contratados de las extintas Brigadas Cívicas del Príncipe).
La Ciudad ha anunciado en estos tres lustros en ocasiones que sacaría a concurso su gestión y ha intentado poner coto a los desmanes que conocía o intuía en la FPAV prohibiendo la incorporación de personal o la introducción de modificaciones en las retribuciones, pero la transferencia que recibe la Federación (3,5 millones este año) no se ha reducido nunca pese a caer la cifra de trabajadores activos actualmente a 134.
Votan en contra los que no dán un palo al agua pero si que cobran
Yo lo no sabía que había que trabajar para cobrar. Quien va querer ir a tragsa
“Los actuales patrones no les exigen ir a trabajar para cobrar” Lo leo y no me lo creo.