Los 134 trabajadores activos de las
Brigadas Verdes podrán votar este miércoles en referéndum si aceptan o no la propuesta de la Ciudad Autónoma de Ceuta para, aportando una cantidad de dinero público cada año sensiblemente superior a la que las ha sostenido hasta ahora, dejar la F
ederación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) e integrarse
en Tragsa manteniendo todas sus condiciones salariales (entre 1.059 y 1.690 de sueldo base y residencia sin contar pluses) y laborales (35 horas semanales de jornada laboral de lunes a viernes, antigüedad...). La consulta convocada por el Comité de Empresa tendrá lugar desde las 9.00 hasta las 13.00 horas en la
sede de la FPAV, ubicada junto al antiguo
Hospital Militar, y el recuento de los votos se efectuará inmediatamente después del cierre de las urnas.
El resultado será trasladado a la Ciudad para que actúe en consecuencia con conocimiento directo del sentir de la plantilla, que tiene ante sí la disyuntiva de decir sí o no a “la propuesta del
Ayuntamiento a la integración en Tragsa”, según rezan literalmente las papeletas confeccionadas para garantizar el anonimato y la ausencia de cualquier tipo de presión externa en la toma de posición de cada trabajador.
Rechazo en febrero de 2020
La plantilla de trabajadores de las Brigadas Verdes rechazó en asamblea en febrero de 2020 por amplia mayoría (94 votos en contra y 11 a favor) mantener sueldos y antigüedad en Tragsa y optó por quedarse con la FPAV, que año tras año ha tenido mil y una dificultades para justificar adecuadamente el dinero recibido ante la Intervención, cuyos reparos se han ido salvando a trancas y barrancas. Con el objetivo de garantizar la “estabilidad” de un proyecto con quince años de trayectoria y en el que, por ejemplo, se dio acomodo también a los empleados en las extintas Brigadas Cívicas del Príncipe, el PP y el PSOE acordaron introducir en el Presupuesto de 2022 de la Ciudad una partida de 750.000 euros para sufragar su encaje en Tragsa, que exige acomodar a los trabajadores en el Convenio estatal de Jardinería.
Al final la empresa pública ha exigido 4,6 millones por hacerse cargo de las Brigadas Verdes, bastante más de lo que han costado al erario de la Ciudad hasta ahora (3,5 este año, por ejemplo), pero la administración ha seguido dispuesta a asumir el esfuerzo.
CGT ha abanderado la recuperación de la antigua y perenne ambición de parte de los trabajadores de entrar en alguna empresa municipal como
Obimace u Obimasa, algo que técnica y jurídicamente se ve imposible de articular por parte de los técnicos.