Bien podría decirse que estamos en carnaval; porque quienes hace unos días presenciaran en las redes sociales la especie de “comparsa” anterior al juicio del 9-N, con 40.000 manifestantes acompañando al ex presidente de la Generalidad de Cataluña y dos ex consejeras, acusados los tres de desobediencia y prevaricación, habrán podido percibir que, más que la asistencia a un juicio, aquello parecía una “chirigota” escenificando algo parecido a “Los tres mosqueteros”, de la novela de Alejandro Dumas, bajo el lema de “uno para todos y todos para uno”. Fue ridículo y vergonzoso que acudieran ante el Tribunal con tan grotesca falta de seriedad y rigor, buscando dar publicidad y presionar a quienes tenían que juzgarles, entre mofas, gesticulaciones, risotadas, esteladas y pancartas separatistas en alto, etc. Todo un numerito montado impropio de una sociedad culta y democrática como, en general, es la catalana, incluso retrasando deliberadamente su comparecencia media hora ante el Tribunal y, encima, sacando pecho, siendo jaleados en un acto intimidatorio de fuerza, pavoneándose los encausados de ir respaldados por tal multitud, convirtiendo el recorrido en una especie de “monserga”, propia del tiempo de carnaval en que estamos, y lo que tenía que haber sido un acto serio, responsable y de legítima defensa en otro acto de presión y de fuerza. Por cierto, ¿por qué no se investiga quién pagó los 160 autobuses que se utilizaron para trasladarse desde las provincias hasta Barcelona, y si es cierto que la Consejera catalana de Gobernación instó a los funcionarios a no acudir ese día a sus puestos de trabajo para apoyar a los tres encausados, como las redes sociales informaron?.
¿Qué concepto pueden tener los tres investigados, autoridades, cargos públicos y manifestantes que formaban tan nutrido séquito de lo que son la la ley, la justicia, la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho?. Y ello, a pesar de que muchos, para ostentar el cargo, tuvieron que jurar o prometer no sólo “cumplir la Constitución, sino también hacerla cumplir a los demás”. De esa forma, ¿qué clase de “estadistas” sueñan con ser del supuesto estado que exigen tener?. ¿Podrían esos dirigentes hacerse respetar en el supuesto estado al que aspiran, cuando ahora ellos desobedecen abiertamente la Constitución, las leyes y las sentencias de los Tribunales del Estado al que pertenecen?. ¿Qué autoridad tanto institucional como moral podían tener sobre los ciudadanos en el estado que crearan para gobernar con sus propias normas, tras haber dado el mal ejemplo de rechazar abiertamente y haberse mofado de las del Estado del que forman parte?. ¿Y por qué se permite por el Estado tal estado de cosas sin tomar las medidas previstas en las leyes?.
El espectáculo que dieron fue mayúsculo y bochorno. Ver a todo un ex presidente de Cataluña, que tantas veces ha presumido ufano y altivo de jactarse, diciendo: “Yo soy el único responsable del 9-N”, que el mismo día de la consulta, a las 11,40 horas vociferaba: “¡Si el Fiscal quiere saber quién es el responsable de abrir los colegios, que me mire a mí; el responsable soy yo y mi gobierno!”, para después de hacerse ver tan valiente envolverse en la manifestación; o refugiándose en el “no se me ataca a mí, sino a toda Cataluña, que es a la que se sienta en el banquillo”; o en el “creíamos que no cometíamos ningún delito de desobediencia”; o en el “nadie nos avisó de que no podíamos realizar el proceso participativo de votación ni de sus consecuencias legales”; escondiéndose tras los “voluntarios” a los que los tres echaron la culpa de que la ejecutara del proceso tras la suspensión por el Tribunal Constitucional. Todo eso, para a renglón seguido declarar en sede judicial que “nuevamente lo volverían a hacer”, que ya hay que ser poco coherente y torpe para defenderse de esa manera.
Piensan los separatistas que son tan listos, que tanto el Tribunal como todos los demás somos tontos. Niguno de los tres investigados puede olvidar o desconocer, como autoridades que eran el 9-N, tenían la obligación de saber que el artículo 6 de nuestro Código Civil dispone: “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”; que el artículo 1,2 de la Constitución establece: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”; que el artículo 2 preceptúa: “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”; que su artículo 9.1 señala: “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; que el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional manda: “Todos los poderes públicos están obligados a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional”. ¿Pueden los investigados y esos dirigentes de la Generalidad despreciar por completo las normas básicas que están obligados a cumplir y hacer cumplir a los ciudadanos?.
Declararon ante el Tribunal que el juicio era político. Concretamente, Mas: “No estoy aquí por desobediencia, sino por el éxito que tuvo el 9-N. La desobediencia no era al Constitucional, sino contra el Gobierno”, pretendiendo hacer ver que cumplían un mandato del Parlamento catalán al que sólo se debían. Ni un estudiante de primero estaría tan ayuno en Derecho; siendo los tres, eso sí, doctos en tergiversarlo todo a su favor, porque el 9-N no hubo una “abrumadora mayoría por la independencia”, sino sólo votó SÍ un 48 %, y votó NO un 52 %, aunque ni habiéndolo votado SÍ el 100 % les legitimaba para hacerlo. Y ese 48 % que les votó lo hizo sin interventores y sin el más mínimo control; ellos por su cuenta y riesgo instalaron las urnas de cartón estando prohibidas; escrutaron los votos y los hicieron público como quisieron, sin que hubiera campaña de oposición por ser ilegal la votación. Ellos se lo guisaron y se lo comieron todo sin las más mínimas garantías jurídicas y democráticas de control.
Así sólo se vota en las dictaduras y países tercermundistas dirigidos y manipulados. Y aunque era legítimo que el juicio se defendieran hasta de lo indefendible, lo que no pueden hacer tanto fuera en la calle como en sede judicial, es articular su defensa sobre insidias, presiones y coacciones a los miembros del Tribunal, sacando pecho para retar también al Gobierno al dar a entender que estaba detrás del Tribunal para que “le hiciera lo que el propio Gobierno no se atrevía a hacer” y dando la falsa imagen de que con el juicio se estaba manipulando la voluntad de los catalanes. Más nada de eso formaba parte del objeto del proceso, ni de los hechos enjuiciados, ni era la cuestión de fondo a dilucidar, sino que se trataba de determinar si había existido o no su propia desobediencia y prevaricación contra la suspensión del Constitucional y demás actos preparatorios, cuya valoración jurídica sólo corresponde hacerla al propio Tribunal, sin inquietarle ni perturbarle.
Trataron de defenderse poniendo su énfasis en que no hubo coacciones a ningún director de centro escolar para que entregara las llaves de los centros escolares convertidos en colegios electorales. Pero la plausible intervención del Fiscal fue demoledora por la acumulación de pruebas que acreditaban lo contrario. Testimonió la directora de centro de Hospitalet, Dolores Agenjo, que hasta cinco veces fue presionada para que entregara las llaves de su centro incluso poniéndose furiosa, y que sólo dejaron de hacerlo cuando pidió la orden por escrito; la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, Josefa Bosch; varios inspectores de Educación, como Josep Rafael Alsina, declarando que la Generalidad "forzó" a varios directores de instituto a abrir sus centros; la prueba pericial de la Guardia Civil ratificando que hubo presiones y aportando un correo electrónico primero fechado el 7-N y después cambiando la fecha al 3-N, un día antes de que el Tribunal Constitucional dictara la prohibición, para tratar de eludir responsabilidades; declaraciones posteriores a la prensa de la Fiscal provincial de Barcelona, Ana Magaldi, diciendo haber sido insultada y amenazada por un grupo a la salida del juicio: "Me llamaron fascista, eres una mierda, vete de Cataluña". Mientras para Munté, portavoz de la Generalidad eso era que: "En todo sueldo ha de entrar la aceptación de la crítica por las maneras de hacer".
También basaron su defensa en que en ningún momento se les notificó la sentencia del Tribunal Constitucional con la suspensión. Pero consta en las Diligencias Previas 1/2015 incoadas por el Instructor, en su Auto de fecha 28-06-2016, que recoge: “El M. Hble. President de la Generalitat, entonces Sr. Artur Mas i Gavarró, declaró ser el máximo responsable de la iniciativa política y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N. Refirió haber recibido una comunicación del Presidente del Tribunal Constitucional, en la que se le indicaba la suspensión de la convocatoria del 9-N y las actuaciones de preparación de la misma vinculadas a ella. La comunicación de la orden de suspensión fue recibida en el Depatament de Presidencia y también por correo electrónico en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya. Que informó de la suspensión a las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Las mismas recibieron comunicación el 5-N de la notificación de la no adopción de acuerdos. También declaró conocer la existencia de un documento elaborado por el Conell per la Transició, en el que en las páginas 148 a 152 advierte de la posible responsabilidad penal en que podían incurrir… La orden de suspensión fue notificada a los tres investigados y al mencionado Gabinete Jurídico”.
Y luego vino a empeorar más las cosas el diputado del Congreso, Francesc Homs, que declaró en calidad de testigo, pero que por ser aforado lo hará ante el Tribunal Supremo próximamente como investigado. Manifestó que en el 9-N él era el máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Generalidad en su condición de Consejero de Presidencia, y que el 4-N, tras haber llegado la comunicación de la suspensión por el Tribunal Constitucional, anunció a los medios que el govern mantenía la consulta e informó a sus miembros que la misma era completamente legal porque así lo habían dictaminado su Gabinete Jurídico. Pues bien, consta en ese mismo Auto, por el que se rechazó la petición de sobreseimiento de los tres acusados, que los mismos letrados del Gabinete Jurídico, al deducir el recurso de súplica, informaban al Tribunal Constitucional que si no se contestaba a su recurso, estaba claro que el proceso de votación no se podría realizar. Además de ello, también se hicieron eco los medios de comunicación de la suspensión. Igualmente emitió un informe en tal sentido el Consejo de Estado; y otro más el llamado Consejo Asesor de Transición Nacional de la Generalidad, advirtiéndoles que, de llevarse adelante el proceso, incurrirían en responsabilidad penal.
Esa declaración del diputado Homs, lejos de favorecer a los encausados, sacando él mucho pecho e inquiriendo al Fiscal que por qué no le formulaba a él preguntas (como queriéndole decir que lo iba a enterar) y reiterándoselo hasta esperándole en la puerta del Tribunal en un receso para recriminárselo, más que favorecer a los investigados, pienso que les perjudicó, porque ni siquiera alcanzó a discernir que con ello venía a contradecir la anterior declaración de los tres enjuiciados. Y aquí, una vez más hay que resaltar la agudeza y profesionalidad del Fiscal, viniendo a replicarle metafóricamente que le ascendieran a Fiscal del Tribunal Supremo, como habían ascendido a algunos cargos autonómicos que más les habían apoyado en el proceso, y que allí le podría preguntar. (Por ser aforado no era competente para hacerlo en el Tribunal de Barcelona).
Cuando había cerrado el artículo, me entero que el Tribunal Constitucional acaba de suspender por unanimidad la próxima consulta anunciada para septiembre, o antes, habiendo ratificado Puigdemont, que les da igual, que en ellos está la voluntad inequívoca de celebrar el referéndum. Es decir, que el “choque de trenes” está asegurado. Lo que no se frenó a tiempo, terminará descarrilando.