La nueva legislación aprobada recientemente va a suponer, si no se corrige, un varapalo para uno de los pilares de atracción económica de la ciudad, el sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. El Gobierno central prevé sustituir el 50% vigente por un fijo mensual de 262 euros condicionado a la contratación indefinida (un acierto) y a la realización de determinadas acciones formativas.
El nuevo marco solamente será favorable para bases de cotización de hasta algo menos de 1.700 euros, algo que lastrará precisamente a los sectores en los que se han puesto las mayores esperanzas de desarrollo de un nuevo modelo económico para Ceuta, como el tecnológico y digital.
Las bonificaciones se concibieron como una medida para estimular la creación de empleo y la Administración General del Estado realiza un importante desembolso cada ejercicio para sostenerlas, pero tanto su mantenimiento como su posible mejora (o mutilación) debe fundamentarse en razones detalladas y adaptarse en todo caso a aquellos ámbitos en los que no sean eficaces.
En una encrucijada como la actual no es aceptable limitar las posibilidades de atracción de nuevas empresas de ámbitos punteros a Ceuta sin justificación alguna, igual que resultaba incomprensible el golpe que se iba a asestar con el comienzo de 2023 a los autónomos, rápidamente subsanado por el ministro competente, José Luis Escrivá, de quien es de esperar una reacción igual de rápida para evitar perjuicios inmerecidos al tejido económico local.
