El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda deadición al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en la que solicita que las bonificaciones al transporte marítimo y aéreo que por un porcentaje del 75% disfrutan los residentes en los archipiélagos, Ceuta y Melilla se extienda “a los menores de edad no emancipados y no residentes en los territorios de las Islas Canarias, Baleares y las dos ciudades autónomas” cuando uno de los progenitores o tutor legal figure empadronado en alguno de esos territorios extrapeninsulares.
La iniciativa también solicita que la bonificación se amplíe al progenitor o tutor legal “que en su caso deba acompañar al menor por razón de edad o circunstancias especiales”.
La propuesta se justifica en la necesidad de “garantizar la igualdad de derechos a menores no emancipados hijos de residentes extrapeninsulares, y progenitores en su caso”.
En otra enmienda, el PP ha pedido reservar una partida de 10 millones de euros para financiar esa medida, mientras que la Agrupación Socialista de La Gomera ha registrado una enmienda en la que señala que con dos millones sería suficiente.
Por otro lado, Vox registró el mes pasado una Proposición No de Ley en el Congreso para que las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo que se aplican a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se extiendan a los progenitores separados que no residan en estos territorios pero acudan a ellos a visitar a sus hijos, así como a los menores residentes en la península que quieran visitar a sus progenitores en esas zonas.
“Resulta necesario que el Estado adopte medidas para que las familias no se vean perjudicadas debido al lugar de residencia de alguno de sus miembros”, argumenta la formación incidiendo en que “las políticas públicas deben atender a las necesidades de las familias aumentando la inversión y fomentando las condiciones necesarias para el fortalecimiento de los hogares y las relaciones paternofiliales”.
En concreto, el grupo parlamentario que capitanea Iván Espinosa de los Monteros busca que el Congreso inste al Gobierno a modificar el régimen vigente para extenderlo a casos de separación o divorcio cuando el progenitor custodio haya fijado su residencia fuera de los territorios no peninsulares y tenga reconocido un régimen de visitas.
También pretende incluir el supuesto de la persona que tiene atribuida la custodia compartida pero no reside en los territorios no peninsulares durante los periodos de no convivencia con los hijos menores, así como el de los menores no emancipados que residan con uno de sus progenitores y quieran visitar al otro no residente en territorio peninsular. Además, plantean que puedan empezar a beneficiarse de esas bonificaciones los residentes que tengan un ascendiente en primer grado en situación de dependencia viviendo en los territorios no peninsulares.
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