La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, deja claro en una entrevista concedida a El Faro que se está produciendo un bloqueo en toda regla por parte de algunas comunidades autónomas al problema de los menores inmigrantes no acompañados en Ceuta. Esa obstrucción no es nueva y se lleva poniendo en práctica desde hace meses.
Lo verdaderamente preocupante es que quienes se oponen a esta distribución no acepten que la pugna, lícita y necesaria, entre distintos bloques ideológicos se mantenga, cuando el pulso ya lo ganó el Gobierno con la aprobación del decreto que modifica la Ley de Extranjería.
Hasta llegar a ese momento, cualquier oposición al texto es aceptable, pero una vez que la reforma de la normativa ha superado todos los trámites preceptivos, la obligación de todos es respetarla y acatarla.
Es lo que denuncia la ministra y lo que, en realidad, se está viendo en las últimas semanas.
Es cierto que el enrarecido clima político no ayuda, pero eso no exime a los gobiernos autonómicos de cumplir con la legalidad y aceptar democráticamente lo que mayoritariamente han dictado las Cortes.
Además, se da la circunstancia de que esa posición de nula colaboración en la distribución de los menores inmigrantes se está poniendo en práctica en contra de los intereses de Ceuta, que sí ha manifestado por activa y por pasiva su posición favorable a la nueva legislación.
Por ello, la política de palos en las ruedas de la que alerta la ministra Rego debe cesar cuanto antes. Y no sólo por respeto al decreto, sino a los ciudadanos de Ceuta, a los propios menores y a sus derechos, que son los que menos culpa tienen de un enfrentamiento partidista que no ayuda a fomentar la credibilidad en la clase política.
