Tras la primera denuncia en 1995 en la que se acusaba a los habitantes de Cho Vito de invadir el dominio público-terrestre, y tras recurrir su caso ante todas las instancias posibles, las excavadoras entraron en las casas arrasando con todo, primero en 2008 y después en 2012, bajo un fuerte dispositivo de la Guardia Civil. Estos recuerdos y reflexiones corresponden a Antonio Alonso, responsable en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, además de ser uno de los propietarios del extinto pero célebre Cho Vito.
Alonso sigue de cerca el caso de los vecinos de Benzú cuyas viviendas se encuentran a expensas de la resolución de los expedientes del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno que determinará si vulneran la Ley de Costas. De ser así, su final será la demolición de estos hogares siempre que carezcan de una concesión administrativa o los juzgados no resuelvan a su favor. De lo contrario, podrán continuar en la ubicación que ocupan en la actualidad.
Este portavoz de Asociación Europea de Perjudicados, como su presidenta, Carmen Del Amo, ya se puso en contacto con Rahma Mokhlis, presidenta de la plataforma en defensa de Benzú creada por los propios residentes, para expresarles su apoyo en la reivindicación de permanecer en el lugar que les vio nacer. Una representación del colectivo local tiene previsto asistir al Pleno de este jueves, mientras que el resto seguirá los acontecimientos en los exteriores del Palacio Autonómico.
La organización propuso a Mokhlis que los residentes presenten de forma colectiva una queja ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea (UE) y que puede contar con la rúbrica de los partidos políticos. “En algún pueblo canario logramos que también nos respaldara el Ayuntamiento”, añadió.
Canarias es la autonomía con más kilómetros de costa, los cuales comprenden a 107 pueblos influidos por esta Ley. Alonso, conocedor de las “irregularidades” en su aplicación, identifica varias similitudes entre Benzú y Cho Vito en el “modus operandi” de la Administración. El primer rasgo de semejanza se encuentra, a juicio del canario, en la “negativa” de la Delegación del Gobierno a ofrecer información sobre los expedientes a los vecinos.
“En España, los poderes fácticos impiden que demostremos la verdad a pesar de que contamos con los documentos que la acreditan. Por eso luchamos en Bruselas desde 2008”, explicó el encargado de la entidad en las islas.
En segundo lugar, Alonso entiende que, en función del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Benzú está fuera del dominio público marítimo-terrestre y correspondería a otro organismo –Defensa o Ciudad Autónoma– dirimir sobre su derribo en caso de que proceda.
“Hay que dar un trato específico en casos como Canarias, Ceuta o Melilla porque tienen una superficie limitada y hay que contemplar sus singularidades”, señaló el portavoz; “si Canarias está rodeada de agua por todos sus flancos; el 70 por ciento es terreno protegido como parque natural y reserva. Entonces, ¿dónde vamos a vivir los canarios?”, se preguntó. Alonso estableció la analogía con las ciudades autónomas: “Por un lado está el mar y por el otro la frontera”.
Como documento que justifica la existencia de Benzú como barriada, el equipo de la Asociación remite al Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de 14 de junio de 1956, en el cual queda recogido que en una moción se solicitó que la escuela que existía en el lugar fuera trasladada “desde su actual emplazamiento hasta el centro de la barriada” además de la “construcción de viviendas para maestros”.
Alonso aludió al “mal uso” que se da a la Ley de Costas, “como fue el caso de Cho Vito”, y sospechó que en la ciudad autónoma podría ocurrir lo mismo. Junto al poblado de pescadores derribado en Tenerife, “estaba contemplada la construcción de 15 adosados de lujo y, claro está, su precio disminuía con Cho Vito al lado en vez de revalorizarse con un paseo marítimo”, argumentó este integrante de la Asociación. Su directiva consideró que en la barriada ceutí podría reproducirse el mismo escenario. “Si la Administración tuviera que expropiar a los legítimos propietarios de las casas en toda la costa española, el Estado no tendría suficiente dinero y por eso recurre a los cambios en el deslinde”, valoró.
“Primero hablamos de personas”, puntualizó Alonso, “y en segundo lugar del medio ambiente. Pero si se les ha permitido estar durante todo este tiempo y se les ha dotado de servicios, de buenas a primeras no se les puede echar porque se les condena a vivir de los servicios sociales”, lamentó.
La UCIDCE se reúne con los residentes
y les da su “apoyo total”
J. O. ceuta
La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) mantuvo este lunes un encuentro con los vecinos de la barriada de Benzú en el que abordaron el conflicto al que se enfrenta el colectivo por los 15 expedientes de recuperación del terreno sobre el que se asientan sus casas y que tramita la Delegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Costas.
La entidad percibió la “inquietud tremenda” que predomina en el vecindario y la “preocupación” por el devenir de la situación que se está produciendo ante el “temor” a los hipotéticos derribos. Esta sensación se amplía a otros habitantes de Benzú, quienes consideran que la situación se podría extender a otros hogares.
“Se sienten desamparados, sin ayuda de nadie, todo son buenas palabras pero realidades ninguna”, expuso un portavoz de la UCIDCE, asistente a la reunión en la barriada.
Los integrantes de la entidad trasladaron su “apoyo total” y comparten la “inquietud” de las familias que ya alcanzan la “tercera o cuarta generación en Benzú”.
Ante la “indefensión” manifestada por los residentes en la barriada, la UCIDCE hizo un llamamiento dirigido a la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma por el cual propone un acuerdo que permita a los vecinos permanecer en sus hogares o, en el caso de que esta opción sea inviable, que sean realojados en una promoción de viviendas en la misma barriada y no tengan que abandonar la zona. La federación recordó la existencia de una parcela municipal susceptible de urbanización.
