“La ley contempla el reconocimiento extrajudicial de créditos. Si tienen alguna duda, existen los expedientes con el trabajo realizado, los informes técnicos y el informe de la intervención”. Con estas palabras la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, respondía a las acusaciones del PSOE sobre el pago de 70.000 euros a la empresa ISR por la elaboración del Plan Integral de Gestión de Residuos, y que consideran un ejemplo de “mal hacer en la gestión del Gobierno local”.
“El plan se ha externalizado al igual que se hace en otros planes de envergadura que requieren de un equipo multidisciplinar de profesionales que no tenga esta Casa; que no lo puedan realizar por volumen de trabajo o que se necesiten algunas especialidades que no estén contratadas y haya que recurrir a fundaciones o asesorías externas”.
La intención del Ejecutivo local es que este documento pudiera elevarse ante el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, “no es obligado, pero es un órgano que debe opinar por la importancia y calado del documento”.
Aunque Bel no ha aventurado la fecha en que estaría concluido el documento, sí señalaba que estará antes de la finalización de la presente legislatura. Previamente se requiere un plazo de un mes de exposición pública, así como un determinado periodo de presentación de alegaciones. Serían los pasos previos a su aprobación definitiva en el pleno de la Asamblea.
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