Días atrás, se daba amplia difusión a un estudio del Banco de España en el que se indicaba que en 2019 hubo un menor incremento del empleo a consecuencia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Lo que se decía era que la espectacular subida del 22%, hasta situarse en 1.050 euros mensuales (pagas extras incluidas), había provocado una desaceleración del crecimiento de la ocupación mayor que la observada para el PIB. Estaba próxima la reunión con los agentes sociales para volver a variar dicho salario mínimo.
El asunto me preocupó bastante. Primero, porque, si era verdad, sería como un jarro de agua fría para la evolución de nuestro mercado laboral. Segundo, porque, aunque fuera verdad, no consideraba oportuno sacar un estudio así, justo en los días previos a la negociación del nuevo incremento de este. De cualquier forma, se trataba de un asunto lo suficientemente importante como para dedicarle unas horas a su estudio. Lo que hice fue recuperar las series de empleo y desempleo con las que venimos trabajando desde el inicio de la pandemia para realizar nuestras predicciones. Y también recurrí a un magnífico libro “Técnicas de Evaluación de Impacto” de los estadísticos del Estado, César Pérez e Ignacio Moral, que en su día habíamos utilizado para realizar nuestras estimaciones econométricas basadas en la técnica “diferencias en diferencias”, (que es la utilizada en el estudio del Bando de España) en diferentes y variados escenarios.
Pues bien, atendiendo a los datos reales de empleo, obtenidos a través de las cifras de afiliados a la Seguridad Social, como hace el estudio del Banco de España, resultó que a finales de 2019, teníamos un total de 19.261.636 afiliados, frente a 18.914.563 a final de 2018. En términos de tasa de crecimiento porcentual anual, durante el periodo de 2013 (que es cuando empezó a recuperarse la economía tras la crisis financiera de 2008), a 2019, dicha tasa fue del 0,10% de incremento, frente al 0,11% en el sector servicios. Si la calculamos para el periodo 2018 a 2019, nos saldrían 0,096% y 0,101%, respectivamente. Y para el año 2019, saldría 0,0905% y 0,11%. Es decir, el número absoluto de empleos se incrementa entre 2018 y 2019, y la tasa porcentual anual se mantiene prácticamente igual entre 2018 y 2019, salvo una ligera variación de centésimas. Es decir, ninguna tragedia.
Si ahora nos fijamos en las cifras de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, también se puede observar algo similar. Un descenso sistemático del desempleo desde 2013 a 2019, con cifras de 3.163.566 desempleados a finales de 2019, frente a 3.202.297 en 2018. Y en servicios, 2.214.867 desempleados a finales de 2019, frente a 2.231.031 a finales de 2018. La comparación con lo ocurrido en 2020 no debe hacerse, pues es cuando comenzó el confinamiento por la pandemia del COVID 19.
Por tanto, con los datos globales en la mano, la conclusión a la que se llegaba en el Banco España, y que tanta difusión dieron muchos medios de comunicación, no se compadecía, a primera vista, con la realidad. Esto nos llevó a la lectura detallada del documento.
Lo primero que nos llamó la atención fue que, ya en su resumen (Abstract), lo que se decía era que del análisis se desprendía que tras el incremento del SMI en 2019, hubo un “menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios”. Y también se sugería “un mayor impacto adverso sobre el empleo de los colectivos de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes”. Y además, añadía algo muy importante, pues utilizando datos de la hostelería reconocían que “… las dificultades a la hora de identificar de manera inequívoca un grupo comparable a los trabajadores cuyo salario se sitúa en el SMI y de cómo esta circunstancia obliga a ser cautelosos en la interpretación de los impactos estimados”. Es decir, el estudio no nos habla de que, a nivel general, se haya producido un decrecimiento del empleo a causa de la subida del 22% en el salario mínimo, solo detecta un menor ritmo de crecimiento del empleo en 2019, que al segmentar por colectivos, parece que les sugiere un mayor impacto negativo en algunos colectivos, pero interpretando las estimaciones con mucha cautela.
Pero es que además, declaran al comienzo del estudio que: “Una de las medidas que más atención ha recibido en este debate ha sido el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida presenta dos elementos favorables…. Quizás por estos motivos, en los últimos años, han abogado por incrementos del SMI varios organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (véase OIT, 2012). La propia Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva en favor de adecuar la cuantía de los salarios mínimos en los Estados miembros al coste de vida en cada uno de ellos y facilitar un acceso más generalizado de los trabajadores a los mismos”.
Y añaden: “La literatura académica empírica que ha estudiado el posible impacto de incrementos del SMI en múltiples dimensiones es amplia…Por tanto, dada la compleja naturaleza poliédrica en torno a esta cuestión, la decisión de subir o no el SMI no puede circunscribirse al impacto de este instrumento en un solo factor.….En este sentido, por ejemplo, en el caso de haber agentes beneficiados y perjudicados por una medida de este tipo, sería conveniente analizar la importancia de los cambios en la renta de los diferentes colectivos, así como el impacto de estos cambios en variables agregadas relevantes, como el consumo, la inversión y el ahorro. Asimismo, podrían existir argumentos de mejoras en la equidad que podrían compensar el incremento de desempleo involuntario que podría derivarse de un aumento del SMI”.
Repasando la teoría del análisis de impacto, la pregunta clave que trata de resolver es medir hasta qué punto una determinada intervención pública, como es la subida del salario mínimo en este caso, influye sobre un conjunto de individuos modificando la variable de resultado de interés (el nivel de empleo), en comparación al valor de la variable de resultado que esos mismos individuos habrían tenido en el caso de que dicha política no hubiera existido. Es el denominado “contrafactual”, que es una situación que, por su propia definición, resulta inobservable para el grupo de individuos que reciben el programa. Por esta razón, cuando se realizan investigaciones en este sentido, aparece lo que se denomina “sesgo de selección”, pues la forma de selección puede reducir el nivel de comparabilidad entre los grupos de tratamiento y comparabilidad. Este es el problema con el que se han encontrado los investigadores de este estudio, como ellos mismos reconocen y explican, a lo largo del mismo.
De todas las críticas que he visto y leído al dichoso estudio del Banco de España, me ha llamado la atención especialmente la del camionero Basilio. Le cuenta al Gobernador del Banco de España la historia de aquél avezado empresario que se dedicaba a alquilar carros tirados por burros. Para ahorrar costes, decidió dejar de alimentar a los burros, que murieron de hambre a la semana. Y le pregunta el simpático camionero al regulador: ¿Me puede usted decir qué le queda para consumir a una familia en España con 900 euros al mes, después de pagar todas sus deudas? Y si no les queda nada para consumir, ¿me quiere usted decir de qué van a vivir las empresas a las que no les compran lo que producen?
A pesar de todo lo leído, creo que esta es la argumentación más genial para rebatir el sesudo estudio que, tras hacer números y más números, lo más claro que concluye es que se debe ser cauteloso a la hora de interpretar los resultados.
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