La magistrada titular del Juzgado número 6, que instruye el caso relacionado con los dramáticos sucesos del 6-F, ha dictado una providencia y llama a declarar a 16 agentes de la Guardia Civil en calidad de imputados.
Los integrantes del Instituto Armado, algunos de los cuales forman parte de los GRS desplazados de Sevilla, tendrán que acudir con abogado, ya que en su situación procesal se les ofrece todas las garantías para que puedan defenderse. La información, conocida ayer, viene a suponer un avance en todo lo que se quiere conocer sobre el 6-F. Y es bueno que se conozcan los detalles, que se aclaren dudas y que los agentes que estuvieron en contacto con el lanzamiento de material antidisturbio declaren ante su señoría y las distintas partes como ya lo hicieron en el atestado presentado por la Benemérita hace unos meses. De hecho, el pasado julio ya el propio juzgado valoró la posibilidad de dar este paso aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha notificado de manera oficial. Un dato (algo más que un detalle) que debe conocerse, sobre todo por la rapidez con la que algunos han relacionado esta providencia con la decisión adoptada por la Audiencia Nacional de rechazar la investigación del 6-F o con supuestas presiones. En este punto del proceso judicial es relevante la postura que hagan pública las instituciones, asociaciones o partidos, porque dice mucho de la madurez y formación que atesoran. Ayer, tras saberse la notificación judicial, aparecían cuantiosos comentarios en las redes sociales en los que ya se equiparaba la situación procesal de estos 16 guardias civiles con una condena, con una incriminación... incluso había quienes hablaban ya de delito cuando ni siquiera éste ha sido especificado. Existen demasiados nervios, demasiadas presiones políticas, demasiados intereses perversos que no hacen sino enturbiar un asunto en torno al cual habría que estar demostrando una absoluta independencia. Desgraciadamente no es así. Se habla demasiado, se concluye demasiado, voces con cierta representación escriben alegremente sobre este asunto incluso concretando las causas de la muerte de esos 15 subsaharianos. ¡Saben más que nadie! Lástima que tengan la desvergüenza más absoluta para opinar alegremente de una tragedia que forma parte de un proceso judicial abierto. Pero aquí hay quienes quieren una cabeza encima de la mesa ya, quienes denuncian retrasos judiciales porque ¡la instrucción esté durando más de un mes!, quienes quieren ya condenas hasta el punto de equiparar la condición de estos 16 agentes llamados a declarar como imputados con la de culpables, saltándose a la torera todos los pasos del procedimiento. Quedan más entregas. Llegará el momento de las declaraciones de los agentes, del linchamiento público, de las filtraciones interesadas, de los generalismos y acusaciones contra una Guardia Civil cuyo atestado es impecable, que arrastra meses de trabajo, en el que se han reflejado todas y cada una de las declaraciones de quienes estuvieron allí. En toda esta historia hay demasiadas prisas, hay una obsesión por señalar a culpables reduciendo todo a una historia de buenos y malos. No fue así. El 6-F es solo la historia de un drama. Hay que aclararla. Eso lo quiere también la propia Guardia Civil, condenada por asesinato sin juicio previo más allá de la sinrazón anidada en el odio o el interés torticero de algunos. Por la memoria de los 15 fallecidos hay que garantizar un proceso judicial puro y transparente, hay que dejarse de conclusiones falsas, de difusión de datos erróneos. Hay que respetar todas las garantías para todos.
