El auto de reapertura e inhibición atribuido a Lucini en la recusación lo firmó otra juez

• La Audiencia tiene que nombrar a un magistrado instructor para que estime si admite a trámite o no el incidente de recusación

El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, por el que se acordó la reapertura de una causa archivada de forma provisional que terminó siendo parte del germen del ‘caso Emvicesa’ y la inhibición de la juez de esta causa, fue firmado por su magistrada titular, Silvia Baz, tal y como consta en el documento de fecha 18 de octubre de 2016 que contiene esa firma digital. Además de esta rúbrica aparece la del letrado de administración de justicia, pero no la de Raquel Lucini, instructora del caso que ha terminado por llevar a un exmiembro del Gobierno de Vivas, Antonio López, a prisión preventiva al ser considerado presunto cabecilla de una trama de compra y adjudicación de viviendas de protección oficial.

Así lo han confirmado fuentes judiciales de toda solvencia a El Faro, lo que viene a contradecir la segunda causa de recusación a Lucini contenida en el escrito que presentó el pasado viernes en el juzgado el letrado de López, José María Calero, y que fue adelantado por este medio, con el objetivo de impugnar la investigación.

Esa segunda clave se sostenía en una supuesta auto-atribución de la causa, toda vez que se mantiene que habría sido Lucini la que además de pedir esa inhibición la habría firmado. No obstante, en el propio juzgado número 2 queda constancia de que quien firmó esa inhibición fue su propia titular, Silvia Baz, ya que el auto es de esta magistrada y no de la ahora recusada.

Raquel Lucini asumió la investigación del ‘caso Emvicesa’ después de que el titular del juzgado número 3, en donde recayó por reparto ordinario la denuncia interpuesta por el Gobierno local, solicitara abstenerse por motivos de amistad indirecta con uno de los investigados, a la sazón el propio López. La abstención se admitió y, por normas ordinarias de reparto, pasó al sustituto que le correspondía que no era otra que Lucini, titular del número 1.

En el inicio de la investigación del caso, la magistrada Lucini, al conocer que existía una investigación en archivo provisional por auto del 13 octubre de 2015 sobre hechos que tenían conexión con lo que ella estaba instruyendo bajo secreto de sumario, solicitó al Juzgado número 2 que le remitiera los hechos de la denuncia. Paso que se dio con la firma digital de su responsable titular.

Esta causa archivada provisionalmente al no poderse agotar más las vías de indagación había surgido tras unas intervenciones telefónicas de la Policía Nacional que estaba indagando el crimen cometido sobre el apodado ‘Ribery’. Precisamente un crimen cuya investigación llevaba el juzgado del que Lucini es titular y que, al toparse con testimonios que podían derivar en otra causa distinta (la de estafa a través de la recepción de comisiones a cambio de adjudicaciones de viviendas), dio pie a esta pieza separada por estafa que sufrió su archivo provisional al no poder llegar hasta el autor de estos delitos.

Por aquel entonces lo que se bautizó como ‘Operación Reina’ quedó aparcado en un callejón sin salida hasta que la famosa ‘lista fantasma’, la denuncia de la Ciudad y el inicio de otras investigaciones enmarcadas en la ‘Operación Ghost’, la hicieron cobrar protagonismo al conectarse entre sí por la común participación de personas que terminaron siendo identificadas como presuntos enlaces con Antonio López y sus intermediarios.

El letrado del exmáximo responsable de Vivienda insiste en su escrito en que, de ser ciertas las bases que sostienen su incidente de recusación, se estaría ante un incumplimiento del derecho a un juez imparcial para un juicio justo lo que invalidaría, por nulo, lo investigado hasta la fecha. Extremo éste que ha sido negado, sea la decisión que se adopte, por fuentes judiciales.

¿Y ahora qué pasos se siguen?

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta se enfrenta al primer caso de recusación a un juez. Nunca antes se había producido un hecho de este calado en los juzgados, aunque sí se habían resuelto varias abstenciones. Los pasos que tendrán que seguirse pasarán, primero, por un procedimiento en el que se tiene que escuchar a las partes y la propia magistrada Lucini debe emitir un informe que, tras ser trasladado a Fiscalía, pasará a la Audiencia. El máximo órgano judicial en la ciudad tiene que nombrar un magistrado como instructor y éste, si admite a trámite el incidente de recusación, puede practicar alguna prueba y después pasarlo a la Audiencia para que sea la que resuelva. Un trámite que tiene días por delante aunque se confía en que esté resuelto en menos de un mes.

Mientras, se tiene que hacer cargo de la instrucción del ‘caso Emvicesa’ el sustituto legal de Lucini, que es el juez Antonio Pastor, titular del número cinco.

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