Los ceutíes embarcan dos veces más al año con la bonificación en el 75%

El aumento al 75% de la bonificación que sufraga el Ministerio de Fomento para facilitar la movilidad de los residentes en la España extrapeninsular con el resto del territorio nacional ha incrementado el número medio de desplazamientos que realizan cada año los ceutíes que viajan a Algeciras en barco. Mientras que en 2018 la media de pasajes subvencionados por caballa empadronado viajero se situó en 11,5, el año pasado se elevó hasta 13,5, según los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante a este periódico.

Los datos desglosados por ejercicios naturales de la última década de número de beneficiarios residentes de las bonificaciones, cifra de embarques subvencionados e importe desembolsado por el Estado revelan que alrededor de 20.000 vecinos de la ciudad autónoma no viajan nunca a Algeciras en barco a lo largo del año.

El volumen de ceutíes que se ha beneficiado en alguna ocasión de las ayudas al transporte marítimo del Ministerio oscila entre los 60.302 de 2013 y los 64.651 de 2018.

En 2019 fueron 64.155 los caballas que realizaron un total de 868.240 embarques bonificados al 75%, lejos todavía de los 966.377 de 2015, el año en el que se marcó el récord histórico.

Entonces el Ministerio de Fomento desembolsó un total de 14,5 millones de euros para abaratar el coste del transporte a la ciudad autónoma, cifra que por primera vez se superó el ejercicio pasado (14,66).

En 2015 la Comisión Local de Coordinación y Lucha contra el Fraude Fiscal y Laboral de Ceuta aprobó introducir medidas tendentes a evitar que la bonificación al transporte marítimo fuese utilizada por personas “a las que no les corresponde" después de que el Ministerio viese crecer durante los dos últimos años de forma constante el número de billetes con coste cofinanciado por las arcas del Estado.

Dado que aún no ha sido posible liquidar el último trimestre del año pasado, los datos que aporta la Dirección General de la Marina Mercante son los referidos al ejercicio presupuestario, es decir, que abarcan el último trimestre de 2018 y los tres primeros de 2019, todos con la bonificación elevada del 50% al 75%, algo que entró en vigor a mediados de julio del primero de los años referidos.

“Queremos saber quiénes se están beneficiando”

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró en septiembre del año pasado que estaba “trabajando con la Agencia Tributaria en un cruce de datos entre las bases de viajes de residentes y de la renta para obtener información sobre la correlación entre viajes y nivel de renta”. “Queremos saber”, argumentó en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta de Coalición Canaria, “exactamente quiénes se están beneficiando de estas bonificaciones y cuántas veces se están beneficiando, porque podría ser que se beneficien no a demasiados y, a veces, se beneficien demasiado a los mismos.

Un incentivo a la demanda que choca con otras medidas planteadas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apeló hace un año a las elevadas bonificaciones vigentes en el coste del transporte marítimo hacia y desde Ceuta para cuestionar la propuesta realizada por el Gobierno de Juan Vivas para imponer como obligación de servicio público a las navieras tres viajes diarios y una tarifa máxima en uno de ellos de 15 euros para pasajeros y 20 para vehículos por trayecto,incluidas tasas portuarias, sin previsión de compensación económica pública.

Según advirtió, “si se asumiera que el objetivo de la medida es favorecer el tránsito de los ceutíes a la península, cabe indicar que adicionalmente a la fijación de tarifas, ya existen otras medidas de intervención pública que la fomentan como los incentivos directos a la demanda a través de subvenciones a residentes que ya alcanzan el 75% de bonificación del precio del billete”.

“Una bonificación tan elevada de los costes de transporte hace que, si se aplicara a un precio medio ponderado en las rutas equiparables, el precio final a pagar por el residente ceutí sería muy similar a la tarifa máxima propuesta, convirtiéndola en innecesaria”, razonó la Comisión en su dictamen, que fue muy criticado por las autoridades locales al suponer un viraje de 180 grados con respecto a las expectativas generadas por su iniciativa.