Siempre hemos estado por debajo, económicamente hablando, del resto de la sociedad española, ya que en tiempos de bonanza económica la sociedad, en general, se ha procurado su bienestar, mientras que los funcionarios, por cuyos intereses vela el estado, siempre han estado por debajo del nivel adquisitivo que se merecen.
Como decimos, algunos, el funcionario siempre vive con tarifa plana, ya que las repercusiones económicas que surgen en la sociedad española normalmente nunca les afectan cuando son positivas, caso contrario cuando son negativas.
Siempre hemos estado al pairo de los buenos momentos económicos que han surgido en nuestro país, en cambio llevamos una racha de pérdidas anuales de poder adquisitivo, después congelaciones salariales y ya por último y de momento recortes en las pagas extraordinarias. Lógicamente esto encrespa los ánimos a cualquiera que tiene que mantener a una familia, como el resto de españoles, pero parece ser que el gobierno de turno se ceba siempre en los mismos, los funcionarios, como carne de cañón ante la población y así desviar los problemas que de verdad existen y de paso enojarles con quien no tiene culpa de lo que los distintos gobiernos han efectuado durante su etapa.
La solidaridad que todos los españoles debemos aportar para intentar contrarrestar la actual situación de crisis económica, por la que atraviesa el país, debe ser ejercida por todos y sobre todo por los que más tienen, ya que desde la política que ejercen desde sus escaños tienen unas capacidades para no pasar las penurias que a otros nos vienen impuestas precisamente por sus decisiones. Quizá ha llegado la hora de reformar la Constitución y poner coto a los desaguisados que se han venido sucediendo hasta ahora, pero tenemos un problema ¿“quien le pone el cascabel al gato”?, lo tendremos que proponer los ciudadanos.
Para los gobernantes en general es muy fácil vender la imagen de las Fuerzas Armadas por las misiones que desempeña tanto a nivel nacional como internacional y su buen quehacer, pero a la hora de la verdad da la impresión de que son los culpables de la situación económica al igual que el resto de funcionarios. Claro por eso, en la nota de prensa que ha difundido la Junta Directiva de AUME, decía “arremeter contra el funcionariado, contra los militares, de esta forma unilateral desde una clase política que día tras día nos ilumina con bajezas, desaires y falta de ideas para afrontar esta situación, no nos merece un gran respeto, salvo el obligado por nuestra función”.
Si encima de que por el hecho de ser militares, y no tratarnos como ciudadanos, y tener recortados nuestros derechos para poder ejercer y reivindicar lo que creemos que legalmente nos pertenece, nos recortan ya dónde sólo había expectativas de un mínimo de dignidad, es lógico que el personal se altere, mejor dicho se cabree, y con motivo.
El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, debe vivir en otra burbuja distinta a la nuestra, ya que según él los comunicados de AUME pertenecen a “voces aisladas”. Si quiere enterarse de lo que opinan los militares que pregunte a quien le pueda contestar y no imite a los avestruces, escondiendo la cabeza.
Tenemos paciencia con la legislación que nos prometen y no llega, con los mandatos parlamentarios que no se cumplen, pero es muy difícil tener paciencia con la mala imagen y los incumplimientos que desde las instituciones se nos muestra.
Pues bien, creo que ya estamos lo bastante indignados como para plantear desde esta Asociación la suma a toda iniciativa ciudadana que plantee la defensa de unos derechos que nunca hemos debido perder, porque derechos conquistados son ya algo inherente a la condición de ciudadanía.
Desde aquí y como profesionales con nuestra condición de ciudadanos que somos del pueblo y para el pueblo, os animo a que participéis en las manifestaciones que se organicen, en defensa de nuestros derechos como funcionarios que somos, siempre respetando la legalidad vigente que nos marca la Ley 9/2011 de Derechos y Deberes en su:
Artículo 13. Derecho de reunión y manifestación.
El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical.
Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo.
Por lo tanto, la asistencia a estas manifestaciones puede hacerse sin ostentación de la condición de militar ni vestidos de uniforme, o sea como un ciudadano más y por supuesto con la familia que nos apoyará.
