La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) explica en un comunicado de prensa que ha logrado tumbar en los tribunales de justicia la Orden General sobre protocolo de actuación para la adopción preventiva de medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas que afecten a los miembros de la Benemérita.
Desde AUGC se planteó la nulidad de pleno derecho de esta orden general a partir de tres motivos. En primer lugar, se reclamaba la falta de competencia del órgano autor de la misma, la Dirección General, debiendo emanar la regulación del Gobierno o del Ministerio del Interior, y no por medio de orden general del Director General. En segundo término, se reclamaba que la orden general regulaba aspectos sustanciales de derechos fundamentales y profesionales de la Guardia Civil, adentrándose en situaciones que afectan al derecho a la salud o a la determinación de actitudes psicofísicas. Por último, la tercera causa por la que AUGC denunciaba esta orden general era la falta en la misma del obligado dictamen del Consejo de Estado, al desarrollar aspectos esenciales de una Ley Orgánica, la del año 2007 que recoge Derechos y Deberes de los guardias civiles, "careciendo además de informe jurídico alguno", expone la asociación.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la pertinencia de las causas aducidas por AUGC en su reclamación, y por ello ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación mayoritaria y decana del Insituto Armado, de manera que la orden general “se anula en tanto que no resulta acorde a Derecho”.
Es muy importante para AUGC destacar que la norma anulada pretendía incidir de manera negativa en el derecho fundamental al ejercicio del cargo de los guardias civiles sin perturbaciones ilegitimas al establecer como capacidad de la Guardia Civil, la adopción de medidas como la retirada de armamento oficial y particular de personal afectado y la suspensión temporal de la licencia A para armas; la limitación para conducir vehículos, pilotar o ser miembro de tripulaciones de vuelo de aeronaves y manejar embarcaciones oficiales; la limitación para utilizar el equipamiento policial que se estime incompatible con su situación; la denegación de acceso a bases de datos o a determinada información, así como la entrega de la tarjeta de identidad profesional.
AUGC se congratula por el éxito judicial pero lamenta tener que recurrir a los tribunales "contra medidas adoptadas arbitrariamente por la Dirección General y su lobby de altos mandos sin contar con las asociaciones profesionales. AUGC ya advirtió de la ilegalidad durante el proceso de tramitación estando como director Félix Azón, recientemente cesado, de la orden general, sin hacer caso alguno de tal advertencia por el anterior equipo de la Dirección General, apostillan.
Consideran obvio que "resulta imprescindible y urgente" que se interiorice que las asociaciones son una parte activa y fundamental en la toma de decisiones en la Guardia Civil. Por ello, y ahora que se abre una nueva etapa en la Dirección General, con María Gámez al frente, vuelven a recordar la necesidad de que su figura cuente con el asesoramiento serio y adecuado que "eviten volver a reproducir actitudes autoritarias y desconocedoras de la función y atribuciones que la ley otorga a las asociaciones profesionales".
