La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han pedido el aumento de las penas por atentado a agente de la autoridad y la ejecución de un seguro de responsabilidad civil, también de aplicación en Ceuta. Han remitido conjuntamente sendos escritos al Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad.
En el dirigido a Fernando Grande-Marlaska reclaman la modificación del Código Penal para aumentar las penas derivadas del delito de atentado a agente de la autoridad. Así, especifican que, “tanto AUGC como el SUP somos receptores a diario de casos reales que reflejan cómo se ha degradado el principio de autoridad y cómo esta situación incide en la prestación del servicio, afecta al derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la salud de miles de hombres y mujeres de los dos cuerpos”.
Por ello, las dos organizaciones entienden que es preciso acometer una reforma legislativa que permita adecuar los tipos penales ya existentes, recogidos en al artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ofreciendo así una respuesta más adecuada a este tipo de ilícitos penales, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno.
Así, AUGC y el SUP solicitan en su escrito “iniciativas de política criminal que contribuyan a restablecer el respeto al principio de autoridad y a quienes lo encarnan. Por ello, le instamos a que, junto con el Ministerio de Justicia, inicie los trámites legales necesarios para una modificación de la penalidad que se aplica a los tipos penales que velan por la protección de estos bienes jurídicos, que debe ser elevada y agravada”.
Cobertura a las actuaciones de los agentes
Por su parte, en la carta remitida a la Secretaría de Estado de Seguridad, AUGC y el SUP piden la ejecución de un seguro de responsabilidad civil, como marca la Ley de Personal, que dé cobertura a las actuaciones de los agentes de la autoridad ante situaciones derivadas del ejercicio de sus funciones.
En su escrito, ambas organizaciones advierten de que “esta obligación no se ha materializado, y la contratación de una póliza que cubra las acciones que puedan cometer los funcionarios policiales en el desarrollo de sus funciones es una prioridad para el SUP y la AUGC. Como quiera que la aprobación de estas coberturas está supeditada al desarrollo reglamentario de la ley, ambas organizaciones le instamos a que se dé cumplimiento estricto a la misma de manera urgente”.
