Una cosa es que Interior anuncie a bombo y platillo que blindará jurídicamente las intervenciones de los guardias civiles en las fronteras y otra que, mientras esto se concreta, los agentes puedan desarrollar con garantías su actuación. Porque dudas hay.
“Estamos encantados de que nos quieran respaldar con normas ahora, porque ya han denunciado en alguna ocasión a guardias civiles”, critica la Asociación. No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar el caso de los agentes del Servicio Marítimo que fueron acusados de pinchar los flotadores de inmigrantes y causar, indirectamente, el fallecimiento de un subsahariano. AUGC recuerda que fueron los componentes del Servicio los que tuvieron que padecer en primera persona las denuncias y posteriores acciones judiciales.
“En Melilla se ha denunciado a guardias civiles y hay causas abiertas por expulsiones de inmigrantes”, aclara la Asociación, en medio de una campaña oficial de aparente defensa que no cuadra con la realidad que todavía se estila.
¿Y qué quieren los guardias? AUGC aclara que quieren saber cuáles deben ser sus actuaciones en momentos concretos como, por ejemplo, la identificación de inmigrantes en el mar, en el espacio que hay entre las vallas o después de ella, amén de aquellas situaciones en las que se topan con inmigrantes heridos. AUGC reclama órdenes por escrito y que sean claras para evitar posteriores denuncias a agentes en concreto. “No sólo deben de intentar garantizar nuestros derechos, los de los guardias civiles, sino también los de los inmigrantes. Eso, desde nuestra Asociación, lo tenemos claro”, aclaran. Al margen de la valla, AUGC pone su atención en la frontera del Tarajal y el goteo permanente de entradas. Un filtro que, en el caso de Ceuta, es mucho más permeable que la propia valla y para el que también quieren saber cómo intervenir. “Los países deben hacer leyes claras no hacer leyes muy democráticas y después dejar a los guardias civiles y policías de lado”.
