La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con representación en Ceuta, ha instado a Dirección General de la Guardia Civil a resolver "urgentemente" la adjudicación de vacantes por méritos y antigüedad.
La entidad denuncia públicamente que hay compañeros que llevan esperando más de un año, según sus estimaciones, para cambiar de destino y resulta "inmoral" la "incompetencia" de la Dirección General.
"La vida profesional y personal de los trabajadores debería ser una cuestión prioritaria para María Gámez, pero parece concebida como un juego", critica AUGC en un comunicado de prensa.
Ante la gravedad del asunto, la asociación ha pedido a la directora general durante estos meses que es necesario que se adjudiquen "urgentemente" las vacantes por méritos y antigüedad y "no se altere el proceso que previsiblemente comienza en dos meses".
A juicio de la entidad, "lo que está ocurriendo es inadmisible", por lo que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles anuncian que continúan "trabajando por todos".
La Administración comunicó la ampliación del plazo a tres meses más para publicar la resolución, ha recordado AUGC, que añade: el día 6 de febrero se cumplen cuatro meses y "todavía no están las adjudicaciones para el personal solicitante en activo".
La Dirección General de la Guardia Civil remitió un mensaje a la intranet corporativa en diciembre del pasado año. Ante el número de solicitudes, anunciaba la necesidad de ampliar tres meses más el plazo para resolver las vacantes por méritos y antigüedad de los agentes en situación de activo, ha rememorado la entidad.
Según comunicaron en el mensaje que reproduce AUGC, “la intención es resolverlas a la mayor brevedad posible”, pero el día 6 de febrero serán cuatro meses sin que la Dirección General haya solventado este tema, según sus cálculos.
El 4 de abril de 2023 se prevé un anuncio de nuevas vacantes para este mismo empleo y "la deficiente gestión de la Administración puede afectar a los compañeros solicitantes y a los futuros agentes que estén interesados". A su entender, ya han ocurrido situaciones similares, pero "no hay voluntad de impedir un agravio que perjudica a la vida familiar, profesional, al derecho a conciliar de los guardias civiles o a los períodos escolares de los niños".
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