La Asociación Unificada de Guardias Civiles lo tiene claro: no cabe buscar las responsabilidades de lo sucedido entre los guardias civiles; números de un Cuerpo que cumple órdenes a las que no se pueden negar a menos que quieran enfrentarse a la comisión de un delito, el de desobediencia. Ya lo dijo en la comisión de Interior la diputada de UPyD, Rosa Díez: no se trata de criminalizar a la Guardia Civil, pero sí de buscar responsabilidades políticas a lo ocurrido. AUGC está con Díez y con todos los que se han posicionado en esta misma línea. Y lo está porque teme que desde la bancada política se intente pisar el acelerador de una peculiar caza de brujas que persiga sentar en el banquillo a guardias civiles. “Eso no lo vamos a permitir porque llevamos mucho tiempo advirtiendo de que esto podía pasar. Las responsabilidades hay que buscarlas en el delegado del Gobierno de Melilla y en el de Ceuta que son los que deben asumir las consecuencias”, destaca la Asociación que mete a alguien más en el saco de petición de dimisiones: al coronel de la Comandancia de Melilla porque se le solicitó por escrito en varias ocasiones que aclarara qué protocolo debían seguir los guardias civiles y se negó a ello.
“Nosotros llevamos tiempo temiendo que se vaya a imputar a guardias civiles por devoluciones de inmigrantes o como quieran llamarlas. Por eso pedimos un protocolo, para que los guardias supieran qué hacer. Presentamos en junio de 2013 esa solicitud al coronel de Melilla, sabiendo que las consecuencias eran de igual aplicación en Ceuta, y después de que hubiera denuncias de oenegés. El coronel nos contestó que preguntar eso no era competencia nuestra. Recurrimos su respuesta y se nos volvió a negar cualquier valoración”, denuncia. Según AUGC esto ha provocado la cascada de situaciones que ahora tienen en el punto de mira al Instituto Armado. En Melilla, con guardias civiles pendientes de sentarse en el banquillo por la entrega de dos menores que estaban bajo protección de la Fiscalía; y en Ceuta con los agentes que actuaron el 6 de febrero siendo objetivo de críticas por su actuación. “Si hubiera habido un protocolo claro no estarían pasando esto”, denuncia AUGC. “Los guardias civiles no son responsables de esto”, matiza.
La Asociación advierte el escenario de actuación en el que se ve obligado a moverse un guardia. “Si no cumplen con lo que se les ordena, pueden incurrir en un delito militar de desobediencia. Si cumplen, al final sucede esto, que terminan sentados en un banquillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces?”, cuestiona. “Nosotros les hemos advertido a los compañeros, pero cumplen órdenes porque así se les manda y que en todo momento digan la verdad de los hechos, quién les mandó, cuándo y por qué”.
El mensaje
“No tenemos nada que esconder”
Dimisiones, sí. Pero dimisiones de los que deben. AUGC destaca que si a alguien se le tiene que pedir responsabilidades, si las hubiera, en toda esta historia es a la clase política porque es la que manda las directrices sobre las fuerzas de seguridad. “Los guardias civiles no tenemos nada que esconder”, advierte. “Son los responsables políticos los que tienen que dar la cara, porque ellos son los que nos mandan”, señala. “Aquí si alguien tiene que dimitir es el delegado del Gobierno de Ceuta y el de Melilla y cesar de forma inmediata el coronel de Melilla por ser el responsable de dejar sin protección jurídica a los guardias civiles. El delegado de Melilla no actuó como debía, y el de aquí tenía que haber actuado con mayor inteligencia informando debidamente de lo que pasaba a los ciudadanos. Si hubiera actuado correctamente, el problema actual sería mucho más liviano, pero aquí se ha ido dando información según aparecían más videos. Nunca había nada que ocultar”.