La Asamblea Nacional que ha celebrado esta misma semana la Asociación Unificada de Guardias Civiles arroja entre uno de sus compromisos más destacados el preparar una propuesta al Gobierno para que se endurezcan las penas por atentado, resistencia y desobediencia. Esta es una de las conclusiones más importantes a la que se ha llegado tras evaluar las estadísticas sobre estas agresiones a guardias “que cada vez van a más” y que terminan haciendo más fuerte al delincuente. Que un individuo sea sancionado con una multa simbólica después de caer en una desobediencia que le permite fugarse y ocultar la prueba del delito constituye, para la asociación, una auténtica traba para el desempeño de las funciones que se les encomiendan: ser garantes de la seguridad de los ciudadanos.
“Hay que evitar lo que está pasando”, señala la AUGC, que extiende el problema a algo más. “No se trata sólo de los atentados que pueden sufrir los agentes, sino los que padecen sus propios familiares, las esposas o hijos de guardias que también sufren esas represalias”, advierten.
Toda la asociación en bloque se ha unido en esta demanda. Una petición que no sólo encuentra calado en Ceuta, sino en otras comandancias que han sufrido apedreamientos, a cuyas puertas han sido agredidos familiares que residen en los pabellones. Esto pasa y por eso la Asociación quiere que las leyes sean más acordes a una hilera de delitos que no sólo afectan al agente directamente sino también a los que tiene a su lado.
Entre las acciones delictivas a las que alude la AUGC está la desobediencia. “Existe una auténtica picaresca en todo esto. Lo estamos viendo aquí, en Ceuta, con las escapadas que se producen en el puerto. Hay que recalcar que esas personas que se dan a la fuga no están detenidas, no les podemos poner los grilletes. Les sale más barato incurrir en una desobediencia”, denuncia la asociación. ¿Y los atentados?, ¿cuántas condenas han quedado en sentencias irrisorias? La AUGC quiere que se endurezcan esas penas, porque pone sobre el otro plato de la balanza la situación que puede volverse contra los guardias. “Se fuga una persona y al final lo que llegan son sanciones para los guardias, ya que no se tiene en cuenta todas las deficiencias que se están produciendo, la falta de efectivos para el exceso de detenidos... todo esto repercute en la calidad de los servicios que se llevan a cabo”, apuntan.
Al sospechoso le sale barato escaparse de la Benemérita, mientras que al funcionario le puede costar un expediente que se traduzca en días de empleo y sueldo. Así está el sistema.
Problemática trasladada al delegado del Gobierno
La cúpula de la AUGC-Ceuta mantuvo esta misma semana una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, en la que los dirigentes de la asociación le transmitieron el contenido de los informes que obran ya en poder del Defensor así como la lectura que ellos, como entidad defensora de los derechos de los guardias, hacen de los problemas que se dan en Ceuta. Y de esos hay muchos.
Ya no sólo la falta de agentes (AUGC considera que son necesarios 70 más) sino las deficiencias en algunas estructuras claves o las últimas muertes de guardias civiles que se han producido en la ciudad, y que de hecho están siendo objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos de AUGC por si pudiera caber algún tipo de denuncia.
La reunión de González Pérez con AUGC se produce una semana después de la que también tuvo la asociación con el delegado del Gobierno en Melilla, al existir problemas comunes que afectan a los funcionarios que trabajan en las hermanas. Inmigración o narcotráfico llenan la cartera de problemáticas a las que tiene que hacer frente los integrantes del Instituto Armado sin los medios suficientes.