El drama de los guardias civiles: sin "seguridad jurídica" ni medios

La delegación de Ceuta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha mantenido recientemente una reunión con el senador de la Ciudad del Partido Popular, David Muñoz Arbona. Un encuentro en el que le ha trasladado las principales preocupaciones de los agentes y se ha  analizado el último informe del Observatorio de Ceuta y Melilla en relación a cuestiones como la implantación de oficinas de Frontex en la ciudad, la eliminación de la excepcionalidad del tratado Schengen y las modificaciones penales para evitar el malestar y la frustración que priman entre el personal.

Sobre este último punto desde AUGC han trasladado al parlamentario por Ceuta el sentimiento que invade a los agentes de la Benemérita el hecho de que delinquir conlleve "penas irrisorias" y le han recordado la última de tantas noticias, pues se ha conocido que un sujeto detenido hace pocos días no irá a la cárcel por intentar introducir a un inmigrante en una moto de agua. Y es que fue condenado tan solo a cinco meses de prisión, pero quedarán en suspensión de ejecución real.

"Los agentes ponen en riesgo sus vidas para perseguir a esos traficantes de personas que se lucran ilegalmente con 8.000 euros por cada persona inmigrante que logran introducir al país. Después, cuando son detenidos y dispuestos a disposición judicial, las penas de cárcel son mínimas o incluso tan solo se impone una simple multa", lamentan desde AUGC.

Para la asociación es importante que se impulsen medidas e iniciativas legislativas para que los jueces dispongan de las herramientas necesarias y apliquen condenas ejemplares para este tipo de delitos. "Se lo hemos hecho saber al senador Arbona y hemos incidido sobre este punto dada la importancia de paliar el malestar que prima y, en el caso de que fuera necesario, apoyamos la modificación del Código Penal porque hay que desfavorecer todo lo posible la inmigración irregular", valora la asociación de guardias civiles.

Respecto a la eliminación de la excepcionalidad del tratado Shengen, AUGC Ceuta ha comunicado al senador que se trata de "una decisión política" y que "se tendrán que tener en cuenta muchos factores, entre los principales el económico y sociocultural". La asociación advierte que el contexto de la ciudad ahora mismo es diferente al que había cuando se cerró la frontera ya que ahora se ha eliminado el comercio atípico y el contrabando; y se ha desaparecido la figura del "porteador" y el "coche patera" que colapsaban Ceuta.

A favor de Frontex en Ceuta, pero con condiciones

Sobre la implantación de las oficinas de Frontex en la ciudad, AUGC considera que "el Ministerio debe asumir la coordinación con claridad para que no se sucedan invasiones de competencias" ya que la Policía Nacional dispone de las mismas en materia de Extranjería y la Guardia Civil en la vigilancia de Costas y Fronteras.

"Lo referenciamos y remarcamos porque no se pueden repetir sucesos como el acontecido durante una visita oficial de la Delegación de Frontex en agosto de 2016. Un comisario del Cuerpo Nacional de Policía pronunció la famosa frase “En mi despacho mando yo” y fue conocido por todos, ya que ocurrió frente a la prensa acreditada", recuerda la asociación.

Además, se remarcó ante el senador Muñoz Arbona la importancia de que Interior establezca con claridad las competencias para que no surjan situaciones como la de la Operación Minerva. El ahora ex director ejecutivo de Frontex, Gil Arias, llegó a decir en junio de 2021 que las actuaciones fueron suspendidas “porque la Policía Nacional y la Guardia Civil no se ponían de acuerdo sobre quién tenía que dirigir a los guías caninos”. Esto es una muestra del recelo que existe también con Frontex, creen desde AUGC.

En definitiva, desde AUGC se considera que la implantación de las oficinas de Frontex en Ceuta podría ser un mecanismo eficaz para la gestión de las fronteras y se está a favor, "pero han de ser seguras, eficaces y estar sujetas a la Ley, al derecho internacional, a la transparencia y a las obligaciones en materia de derechos humanos y eso significa que las delimitaciones de competencias y funciones no pueden ser ambiguas".