La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con representación en Ceuta, estima que en los últimos años se han producido un total de 60 sentencias firmes, de las cuales 52 han sido para agentes de base, mientras que sólo cinco y tres han recaído en suboficiales y oficiales, respectivamente. AUGC sostiene que las cifras demuestran que el Código Penal Militar "castiga" a los agentes de base.
AUGC lleva años trabajando para que el Código Penal Militar "no sea de aplicación" a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales. La entidad recuerda que la Benemérita es un cuerpo policial, y por tanto sus misiones suponen prácticamente el 99% de nuestro trabajo diario.
Esta asociación insiste en la necesidad de que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, tal y como se estableció en 2007. La reforma de 2016 supuso un "enorme paso atrás" en los derechos de los guardias civiles y en el avance del Cuerpo hacia su modernización, asegura.
Por este motivo, la AUGC solicita la supresión del artículo 1 punto 5, por el que el Código Penal Militar se aplica a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación en todo lo concerniente a delitos militares, para que esta norma sea de aplicación para los guardias civiles estrictamente en los siguientes casos: en tiempo de conflicto armado; durante la vigencia del estado de sitio; en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomiendan; y mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.
El pasado mes de junio, AUGC solicitaba por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil los datos del número de miembros de la Guardia Civil que habían sido condenados por delitos en el Código Penal Militar desde 2010 hasta la fecha, desglosados por años, provincias, escalas/empleos y tipo de delitos.
La respuesta recibida "ha confirmado plenamente la impresión" de que el Código Penal Militar se emplea como "herramienta laboral represora de los trabajadores". Para la asociación, los números son claros: de las sesenta condenas impuestas por sentencias firme desde 2010 hasta 2019 (no hay datos de 2020), un total de 52 correspondieron a guardias civiles, mientras que únicamente cinco se aplicaron sobre suboficiales, y tres contra oficiales.
El motivo principal de estas condenas ratifica igualmente el uso que se le da al Código Penal Militar en la Guardia Civil, ya que en casi la mitad de los casos (28, respecto a 60), el 'delito' cometido por el trabajador fue el de insulto a un superior. Por años, 2014 fue el más 'delictivo', con un total de once condenas (entre 2018 y 2019 'solo' se ratificaron nueve sentencias).
"No son ya simples suposiciones, sino datos oficiales, los cuales demuestran el uso que desde la institución se hace de este instrumento abusivo, desproporcionado y claramente destinado a amedrentar a los trabajadores, que, como ya es bien sabido, pueden acabar entre rejas por una simple desavenencia con un superior", expone AUGC.
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