La fase de instrucción e intermedia previas a la apertura de juicio oral contra el exprofesor del Colegio San Agustín procesado por ocho presuntos delitos de naturaleza sexual (los que imputa la Fiscalía son elaboración y tenencia de pornografía infantil, corrupción de menores, abuso sexual a menor de 16 años, inducción a la prostitución a menores en distintas variantes y ‘sexting’) encara su recta final de manera definitiva.
La Audiencia Provincial ha dado de plazo hasta el 1 de septiembre a todas las partes excepto al Ministerio Público para que “aclaren y especifiquen” las pruebas documentales que proponen presentar en la vista. A la defensa la ha instado a que detalle si con su impugnación “se refiere a su autenticidad o a su valor probatorio”, así como a en qué se basan sus reparos, que según fuentes judiciales se ciñen sobre todo a la cadena de custodia seguida con los equipos incautados durante el registro que la Guardia Civil practicó en el domicilio de A.D. B. después de que fuese detenido tras recibir una denuncia por presuntos comportamientos impropios con uno de sus alumnos.
En una providencia fechada en julio, la magistrado ponente de la causa ha advertido que el tribunal está obligado a hacer un “examen cuidadoso” de la pertinencia y utilidad de las pruebas que propongan las partes a fin de evitar “un perjuicio injustificado a muchas personas que fueran llamadas sin sentido a declarar como testigos o peritos, así como gastos innecesarios a las administraciones públicas y un alargamiento innecesario de las actuaciones”.
“Una esencial noción del derecho a la defensa impone que el tribunal no inadmita de plano toda prueba que no se pueda deducir claramente si es pertinente y útil, por lo que en tales supuestos debe requerirse a las partes para que realicen las alegaciones que tengan por convenientes para aclararlo”, ha justificado su requerimiento.
La acusación particular atribuye al exprofesor seis delitos por los que solicita una condena de 17 años y 9 meses de cárcel: por el de tenencia de pornografía infantil, nueve meses de prisión; por el de corrupción de menores, un año y medio; por el de abuso y agresión sexual a menores de 16 años, tres años; otros tres y medio, por inducción a la prostitución de menores de edad; siete años por elaboración de pornografía infantil; y dos por ‘sexting’.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta dictó en noviembre del año pasado auto de apertura de juicio oral sobre un exprofesor del Colegio Concertado San Agustín para quien la Fiscalía solicita una condena de entre 42 y 66 años de cárcel por la comisión de ocho presuntos delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, corrupción de menores, abuso sexual a menor de 16 años, inducción a la prostitución a menores en distintas variantes y ‘sexting’.
En una calificación de “más de 100 páginas”, concluyó de las diligencias practicadas que el procesado “se aprovechó de su condición de docente para, desde 2003, en ejecución de un plan preconcebido y aprovechando idéntica ocasión, tener acceso a los números de teléfono de menores de edad y lograr, con ánimo libidinoso, una relación y trato que excedía del amistoso y llegaba al ámbito sentimental y sexual”.
El docente “se ganaba la confianza de cada menor por medio de regalos e invitaciones a comer, tanto en el domicilio del investigado como en restaurantes”. Cuando lo conseguía supuestamente “solicitaba que le remitiera a través del terminal móvil fotografías de naturaleza sexual, logrando su objetivo al remitirle los menores fotografías con el torso desnudo o en calzoncillos, llegando a obtener fotos de menores totalmente desnudos, en las que se les veía la zona genital”.
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