Los magistrados de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta se reunirán este miércoles para deliberar y votar sobre la pluralidad de recursos de apelación presentados con argumentarios de forma y de fondo sobre la instrucción del ‘caso Emvicesa’ que la magistrada responsable cerró a finales de noviembre del año pasado con un auto justo antes de abandonar la ciudad.
En abril ya se acordó reunirlos todos en una sola ponencia de la que lleva las riendas el magistrado Emilio José Martín Salinas.
La Audiencia declaró de forma extraordinaria este mes hábil para avanzar sobre esta macrocausa, cuyas actuaciones fueron incoadas en virtud de denuncia formulada el 29 de junio de 2015 por la exconsejera Susana Román, posteriormente considerada también investigada, por la publicación de una supuesta ‘lista fantasma’ de 317 presuntos adjudicatarios de otras tantas VPO en Loma Colmenar.
En noviembre, en su último día de servicio en Ceuta, la magistrada instructora acordó continuar el procedimiento contra 60 personas. Solo dos fueron exonerados “al no existir elementos incriminatorios o indicios criminales sostenibles para iniciar el procedimiento abreviado frente a ellos”.
Entre los investigados, se encuentra el que fuera viceconsejero y gerente de Emvicesa, Antonio López, al que la juez considera “cabecilla de la organización criminal y máximo responsable” y al que atribuye presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
La defensa de López pidió a la Audiencia en su recurso el sobreseimiento de la causa al entender que las actuaciones, diecinueve tomos, “ofrecen irregularidades tan graves como infrecuentes, pero sobre todo, culminan la instrucción con una resolución que revela inconsistencia en cada párrafo”.
La juez también mandó seguir el procedimiento contra cinco funcionarios de Emvicesa, tres miembros de la Comisión Local de la Vivienda (Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali), el que fuera en la fecha de los hechos gerente del PP Regional (Jesús González Barceló) y los “clientes o compradores de las viviendas”, a los que atribuyó de manera genérica y según cada caso presuntos delitos de cohecho, organización criminal, falsedad documental, malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
De acuerdo con su relato de los hechos, López y los denominados “captadores” formaban “una organización criminal” a través de la cual el primero “entregó [que se haya podido acreditar] viviendas de la promoción 170 de Loma Colmenar y lo intentó respecto de la conocida como lista fantasma de las 317 viviendas (que quedó frustrado por su cese), previo pago de precio”.
Según la “jurisprudencia consolidada reciente” de la Audiencia algunas fuentes judiciales auguran que la Sala podría llevar a un juicio con jurado los hechos vinculados al presunto cohecho. Si así fuese la vista oral debería tener lugar en Cádiz o con una Sala derivada a la ciudad.
El resto, de no haber archivo alguno, quedaría para el Juzgado de lo Penal local.
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