La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad la reapertura del caso de los WhatsApp racistas que son atribuidos a Vox, instando a la incoación de las diligencias previas y la práctica de las pruebas propuestas por las partes, tal y como ha comunicado MDyC, después de que se haya estimado su recurso. Desde el MDyC se confía en que los presuntos delitos de odio que atentan contra la convivencia de nuestra ciudad sean castigados conforme a derecho.
La formación entendía que, según la jurisprudencia, era necesaria una labor de investigación individualizada, con un riguroso análisis que, caso por caso, habrá de examinar tanto las concretas frases o expresiones producidas, como la ocasión y el escenario en el que fueron pronunciadas y, en fin, todas las circunstancias concurrentes, para determinar si está dentro del ámbito penal. Y dicho análisis no se había realizado, tal como ahora reconoce la Audiencia.
El auto de la Audiencia señala que “resulta contradictorio que, después de argumentar la inexistencia del delito se acuerde el sobreseimiento provisional que se basaría en la insuficiencia para justificar la existencia de indicios de unas diligencias que nunca se practicaron y provocando, además, una situación de provisionalidad que no se corresponde con la línea argumentativa que la propia resolución contiene, pudiendo quedar los denunciados con un procedimiento penal cerrado en falso durante todo el tiempo que dure la prescripción del delito imputado”.
Para el MDyC los graves insultos que se vertían en ese grupo identificado como ‘Gestora Vox’ no pueden quedar impunes “puesto que son un atentado a la base fundamental de la convivencia de Ceuta, donde unos fascistas puedan imponer a su libre albedrío quiénes podemos o no vivir en nuestra tierra.
Desde el MDyC no pararemos hasta que todos estos ataques a nuestra sociedad tengan su merecido castigo”, indican en un comunicado.
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