La Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha desestimado el recurso presentado por la defensa del
exconsejero de Sanidad del Gobierno local, Javier Guerrero, solicitando su
puesta en libertad. La Sala ha respaldado todos los argumentos utilizados por el
titular del Juzgado de Instrucción número 3, que el 2 de marzo ya acordó mantener al político y doctor en la cárcel por los presuntos abusos sexuales sobre menores que se le imputan y por los que fue detenido por la
Guardia Civil el pasado 11 de enero. Como el magistrado instructor, la Audiencia Provincial considera acreditado, tal y como expusieron en la vista celebrada el pasado lunes
la Fiscalía y la acusación particular, que con su perfil existe un riesgo cierto de que pueda intentar sustraerse a la acción de la Justicia, manipular pruebas (fundamentalmente testificales) o reiterar conductas delictivas. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico han confirmado que el auto dictado por la Audiencia corrobora la posición del juez instructor de la causa, basada en meses de investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia local de la Benemérita: que más allá de la mera hipótesis es verosímil temer que pudiera querer fugarse habida cuenta de las penas de cárcel a las que se enfrentaría en caso de ser condenado, muy superiores a los dos años de prisión en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija el horizonte mínimo para una privación de libertad temporal sin condena. El Juzgado de primera instancia ya tuvo en cuenta también en la ponderación de su decisión la edad del exconsejero, así como su capacidad económica y el hecho de que ya no dependa de trabajar para subsistir, ya que ha solicitado su jubilación con efectos retroactivos al día de su detención (11 de enero) con derecho a la pensión máxima en España, por encima de 3.000 euros mensuales. Tal y como alertaron la Fiscalía y la representación legal del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad en sus escritos contrarios a
la puesta en libertad de Guerrero, el magistrado ha estimado que su probada capacidad para contactar con los menores incluso cuando ya se encuentran fuera de Ceuta hace que se considere razonable apreciar la existencia de riesgo de que pueda intentar influir sobre los mismos.
Pieza separada
El doctor está, además, investigado en una pieza separada en el Juzgado de Instrucción número 4 por tramar con un amigo en su coche la mejor forma de amenazar por teléfono a personal del Área de Menores que alertó de sus comportamientos impropios con niños. Incluso barajaron recurrir a “gente que se mueve por dinero” para mandarles “un recadito” con coartadas detalladas y planeadas. Literalmente, la legislación exige para decretar o mantener
una orden de prisión preventiva tener en cuenta “la capacidad para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo”. En su resolución de principios de mes, contra la que cabía recurso de reforma o apelación como el que ahora ha resuelto la Audiencia, el juez instructor también apreció que cabía el riesgo cierto de que Guerrero pudiera repetir la conducta delictiva que se investiga u otra a la vista de que aquella “no supone un hecho aislado, sino al parecer una pauta constante en el tiempo”, como argumentaron las acusaciones.