La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, que durante 2023 prevé celebrar la vista oral del ‘caso Emvicesa’, la mayor macrocausa conocida en la ciudad, con cerca de 10.000 folios de sumario, ha instado a las partes a desbrozar parte de las diligencias antes de llegar a juicio contra más de 50 políticos, empleados públicos, captadores de clientes y particulares que pagaron entre 6.000 y 20.000 euros por hacerse con la adjudicación irregular de parte de dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) en la ciudad autónoma.
La Fiscalía solicita un total de 280 años de prisión para todos ellos, 26 solo para el supuesto “cabecilla” de la red, el exviceconsejero y exgerente de Emvicesa Antonio López, a quien se imputan presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales con accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años.
“La magnitud de las actuaciones de este procedimiento es difícil que pueda pasar desapercibida a alguien que haya tenido un mínimo contacto con el mismo”, ha resumido la Sala en una providencia en la que argumenta que es necesario aclarar cuanto antes distintas “circunstancias” que “pueden dilatar u obstaculizar su conclusión o impedir un correcto ejercicio de sus derechos procesales por todas las partes”.
Entre otras cosas, la Audiencia ve preciso aclarar si hay dos acusados por la Fiscalía que al mismo tiempo figuran como acusación particular, una situación de “esquizofrenia procesal” que el Supremo ha dejado claro que solamente se puede aceptar de forma “excepcional”.
El tribunal también desea esclarecer si la sociedad ‘Time to buy’, que tiene a López como administrador único, ha recibido traslado de las actuaciones y un emplazamiento para la presentación de su escrito de defensa, así como el papel que en las diligencias juega otra mercantil que reclama dos de los relojes intervenidos judicialmente al exgerente de Emvicesa.
Más allá de algunos supuestos defectos materiales en la formulación de la solicitud de determinadas documentales requeridas por la Fiscalía, la Audiencia estima que alguna de las solicitadas por la acusación particular integrada por distintos ciudadanos son “pruebas a ciegas, esto es, pedir una documentación que en realidad no se tiene constancia de que exista”.
También le parece a la Sección VI que escuchar todas las grabaciones telefónicas de varios números y no solamente las partes extractadas por la Policía, como han pedido entre otros el exgerente del PP, Jesús González Barceló, “desborda los límites de la buena fe procesal” y que se revelarían datos de la vida personal “que nada tendrían que ver con los hechos objeto del presente procedimiento”.
Con respecto a las solicitudes de López, la Sala no entiende en qué podría “contribuir al esclarecimiento de los hechos” la citación como testigo del antiguo arquitecto municipal ya jubilado, Javier Arnaiz.
La Audiencia ha instado a los trabajadores de Emvicesa que se enfrentan a peticiones de cárcel de entre 13 y 15 años a precisar para qué es necesario citar a decenas de adjudicatarios de viviendas en la promoción de 170 de Loma Colmenar o la necesidad de que la sociedad municipal certifique las jornadas de trabajo que han hecho por la tarde durante los diez últimos años.
Además, las partes tendrán cinco días para pronunciarse sobre los documentos que las exconsejeras Rabea Mohamed y Susana Román y Mohamed Ali han aportado junto a sus escritos de defensa para que puedan impugnarlos y detallar, en caso afirmativo, en qué sentido.
El escrito de acusación de la Fiscalía solicita un total de 280 años de prisión para los más de 50 acusados en el ‘caso Emvicesa’, 26 solo Antonio López. Entre quince y trece años pide para cinco trabajadores de la empresa municipal y entre once y dos para los cuatro expolíticos que se sentarán en el banquillo previsiblemente no antes del próximo verano.
Todos ellos serán juzgados como presuntos partícipes de la “organización criminal” que el primero habría tejido “con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo” para “articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”.
A peticiones de condena de entre 11 y 9 años de prisión se enfrentarán cinco “intermediarios” señalados como “captadores de clientes” para López. Finalmente, tres años de cárcel por cohecho reclama la Fiscalía para cada uno de los 39 particulares identificados como pagadores de hasta 20.000 euros por conseguir la adjudicación de una vivienda en beneficio propio o de familiares.
La vista podría celebrarse después de las elecciones del año próximo. La fecha está aún sin concretar.
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