La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha terminado facilitando documentación sobre las bolsas de trabajo y contrataciones de la unidad UR1 de Ceuta después de que una sentencia de la Audiencia Nacional le obligara a hacerlo.
La entrega de la información pone fin a un proceso marcado, según los denunciantes, por años de “opacidad, silencios administrativos y entrega incompleta de datos”.
La documentación se ha remitido tras el fallo estimatorio nº 26/2026, de 12 de febrero, en el que la Audiencia Nacional anuló por contraria a Derecho la actuación de la empresa pública al considerar que “incumplió de forma efectiva el derecho de acceso a la información pública”.
En ejecución de esa resolución judicial, Correos ha entregado los listados de las tres últimas bolsas de trabajo de la unidad UR1 de Ceuta, incluidas las de Atención al Cliente, así como los NIP completos de las personas que llegaron a ser contratadas, según la documentación remitida.
El origen público de la controversia ya había sido recogido por El Faro de Ceuta, que el 5 de mayo de 2025 informó de la falta de transparencia en los procesos de contratación de la empresa pública en la ciudad autónoma.
Según esa información, Correos ignoró sucesivas solicitudes de acceso a la información formuladas desde noviembre de 2024. Tras el silencio a una primera petición presentada el 11 de noviembre de 2024 y a un segundo requerimiento registrado el 27 de diciembre, se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 3 de enero de 2025.
El Consejo de Transparencia resolvió el 10 de abril de 2025 a favor del solicitante, reconociendo su derecho a acceder a la información requerida.
Sin embargo, según los denunciantes, Correos no cumplió de forma plena con ese mandato y continuó sin facilitar todos los datos solicitados, lo que prolongó el conflicto hasta la vía judicial.
Los afectados sostienen que la información reclamada debía haberse entregado “sin maniobras ni excusas”, y consideran que el proceso se convirtió en “una batalla para obtener de una empresa pública unos datos que nunca debieron permanecer ocultos”.
La solicitud de acceso, presentada al amparo de la Ley de Transparencia, tenía como objetivo conocer el histórico de contrataciones de la unidad, aclarar los criterios seguidos en los procesos de selección y permitir un control público efectivo sobre esas contrataciones.
Quienes impulsaron la reclamación sostienen que “no se pedía un privilegio, sino el ejercicio de un derecho reconocido por la ley” y consideran que lo ocurrido evidencia problemas de transparencia en la gestión de contrataciones públicas.
Tras la entrega de la documentación, se abre ahora una fase de revisión detallada de los expedientes correspondientes a las bolsas de trabajo y a las contrataciones realizadas.
Según los denunciantes, si del análisis se desprenden indicios de irregularidades o posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad, los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes y se estudiará la adopción de nuevas acciones legales.
José Hernández, impulsor de la reclamación, ha señalado que el caso demuestra que “frente al silencio institucional hay que plantar cara” y que “cuando se insiste y se pelea, incluso los muros del secretismo terminan cayendo”.
A su juicio, el proceso judicial ha permitido que “la verdad empiece a salir a la luz”, después de un largo procedimiento para obtener una información que, según defiende, debía haber sido pública desde el principio.
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