La Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional ha condenado a 22 personas, entre ellas dos de Ceuta, a diversas penas por formar parte o colaborar con una red de narcotraficantes que se dedicaba a introducir hachís en la Península procedente de Marruecos. Habían dado forma a una perfecta organización que contaba con la connivencia de varios guardias civiles destinados en la Comandancia de Isla Mayor (Sevilla) que han recibido importantes penas de prisión, que comprenden desde los 4 años y 6 meses a los 14 años y 3 meses, de acuerdo con la sentencia a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro. Los agentes facilitaron la entrada de
hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas, liderada por F.A.R.C., ‘El Negro’, que contaba con múltiples colaboradores en el traslado de la droga en narcolanchas que incluso él mismo había llegado a pilotar. Este ha sido condenado a 8 años, 1 mes y 15 días de prisión y a dos multas de 1,5 millones de euros cada una, otra de 8.000 y una tercera de 20.000 por tráfico de drogas, pertenencia a organización y jefatura, violación de secretos, cohecho y blanqueo.
Tal y como se recoge en los hechos probados, durante el año 2016 varias organizaciones se dedicaron a introducir hachís a través del Guadalquivir. Disponían de varias lanchas además de una nave en Coria del Río en donde ocultaban las embarcaciones e incluso las reparaban. Allí además planificaron muchas de las operaciones, contando con la participación de los pilotos y de uno de los condenados de Ceuta, que era el intermediario entre la red y los dueños de la mercancía en Marruecos.
Los pases eran llevados a cabo sin problema, hasta que la
Guardia Civil de Sevilla empezó a investigar sobre la presencia de grupos de narcotraficantes. Funcionaban sin obstáculos porque contaban con la colaboración de agentes del puesto de Isla Mayor, que llegaron a estar presentes en los encuentros y que ofrecían “protección para facilitar la entrada de hachís a través del río Guadalquivir a cambio de dinero, llegando a un acuerdo: la entrega de 6.000 euros al inicio y de otros 20.000 al final” si el pase era llevado a cabo con éxito.
La forma de acción era ‘perfecta’ para el negocio, ya que incluso gracias a esa connivencia los narcos podían disponer de información de los lugares y momentos en donde iban a estar las patrullas de la Benemérita. Llegaron a hacerse consultas en bases de datos, por eso entre la hilera de delitos incluidos en esta sentencia, además del tráfico de drogas y el blanqueo, consta el cohecho y la violación del secreto al quedar constancia de varias consultas en el Sistema Integrado de Gestión Operativa de la Benemérita.
En diciembre de ese 2016 la Comandancia de Sevilla empezó a pedir informes al puesto de Isla Mayor sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico, lo que llevó a los agentes implicados a dar datos de organizaciones rivales, omitiendo deliberadamente información sobre la que colaboraba con ellos.
Multas: De tres millones. Se han contemplado en las penas de prisión a los dos ceutíes
Los pases de droga continuaron ese año, pero en uno de ellos desarrollado en agosto contó con la irrupción de agentes de Sevilla, que provocaron la huida de los narcos y el abandono de parte de la droga. Posteriormente, en diciembre, se llevó a cabo otro pase que sí resultó exitoso. Así fue hasta que la operación, ya en marcha, terminó con el negocio.
En la sentencia, los jueces han aceptado como atenuante analógica de reconocimiento del hecho para todos los acusados que acataron las penas solicitadas por la Fiscalía Antidroga durante el juicio, celebrado el 21 y el 28 de marzo. Entre ellos figuran los dos de Ceuta, que a las penas de cárcel suman el pago de 3 millones en concepto de multa.
En el caso de los guardias civiles, el único que no aceptó la conformidad es el sargento F.J.C.B., comandante del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor, que ha sido condenado a 14 años, 3 meses y 1 día de cárcel y a dos multas de 3 millones de euros cada una más otra de 44.080 por tráfico de drogas, por pertenencia a organización, blanqueo de capitales y cohecho.
Tres miembros la Comandancia, según la Sala, estaban de acuerdo con su sargento para llevar a cabo esa actuación, que consistía en comunicar dónde y cuándo actuaban las patrullas de la Guardia Civil e informar de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que pudiese vigilarlos, así como “averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias”.
También entregaron a F.A.R.C., ‘El Negro’, la llave de la que disponían en la Comandancia para abrir la cancela de la denominada Bomba del Quini, con acceso a un brazo del río que estaba restringido al formar parte del entorno del parque natural de Doñana, lo que facilitaba el desembarco del hachís en una zona protegida.
El sargento se defendió asegurando que fingía participar en operaciones de tráfico de drogas con la finalidad de captar información, pero sus manifestaciones “carecen de la más mínima verosimilitud”, según los jueces, porque de ser así “su principal preocupación debería haber sido la responsabilidad de sus propios hombres”.
“Nada puede explicar las largas conversaciones que tiene con su segundo, el guardia civil L.M.V., en las que hablan de reparto de dinero y del paso de las ‘gomas’, en referencia a lanchas neumáticas, salvo la realidad de la cobertura que prestaba a la organización de narcotraficantes”, explica la Sala.
Hay más detalles. ¿Qué pasa con el dinero? Dijo que se vio obligado a cogerlo “para no levantar sospechas”. Sobre los ingresos no justificados que aparecen en cuenta se dijo que eran de otros años, “de su abuela materna, de la venta de un piso y dado en la comunión”.
La sentencia admite recurso de apelación en un plazo de diez días.