La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ha respaldado la decisión del Juzgado instructor de mantener abierta la causa iniciada hace cinco años por el entonces director provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Carlos Torrado, por “una campaña de descrédito promovida por un móvil de venganza” desde ‘Ceuta TV’ que consideró que podría ser constitutiva de los delitos de calumnias e injurias.
La Sala ha rechazado el recurso presentado por uno de los dos investigados, que solicitaba el archivo de las diligencias instruidas en relación con la emisión en 2011 de varios programas de televisión en los que, a juicio de la representación legal de Torrado, se quiso “crear una alarma sobre los cursos de formación para desempleados” y “construir una hipotética trama de corrupción encabezada por el director provincial de SEPE mezclando asuntos diversos de forma indiscriminada y con la única finalidad de dar apariencia de corruptela a una actuación de la Administración y del director provincial en Ceuta que ha estado siempre regida por una absoluta cobertura legal”.
Desde el punto de vista de los investigados no se hizo “ninguna imputación injuriosa o calumniosa” más allá de intentar “desvelar una serie de irregularidades detectadas en la adjudicación de los cursos de formación a Academia Ecos/Soce, Federación Hípica y Academia Premier, así como de la Escuela Taller de bordado a Forja XXI”.
Para la Audiencia, aun asumiendo que se esgrimiese que se difundieron noticias “que no fueron excesivamente desencaminadas respecto de la verdad al ponerse de manifiesto irregularidades en la actuación administrativa”, no puede dejar de tenerse en cuenta “que en el propio recurso parece mantenerse que ello se habría desvelado con ocasión de dos procedimientos penales iniciados con posterioridad a la emisión de los programas, por lo que la veracidad de la información a la que dispensa protección el artículo 20 de la Constitución Española cabría ponerse en entredicho a priori, no pudiendo descartarse, por lo tanto, que, cuando menos, se hubiera actuado con temerario desprecio hacia la verdad, como contemplan los artículos 205 y 208 del Código Penal”.
Torrado denunció que en varios programas se le atribuyó “que dictaba resoluciones contrarias a derecho, en concreto la atribución de varios cursos”, que se le tachó de “prevaricador” y que se le acusó de “malversar caudales públicos bajo la figura del tráfico de influencias”.
A su juicio se ofrecieron noticias “mezclando de manera torticera criterios de cursos de formación para el empleo con los de formación y empleo, muy distintos; errores en la continuidad en la formación de parados; confusión en la selección de alumnos, sobre la condición de la edad y sobre la selección de centros, de su idoneidad o medios valorados por la Administración, poniendo de manifiesto la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”.
La querella de Torrado parte de que la empresa concesionaria de ‘Ceuta TV’ se presentó a una serie de programas tanto en el Área de Formación como en el de Empleo subvencionados por el SEPE para ofrecer dos cursos de operador de cámara y editor-montador de imagen que supusieron una subvención algo superior a 80.000 euros.
El SEPE le “recordó” en noviembre de 2010 su compromiso de incorporar a tres alumnos por curso en prácticas y seis meses después se resolvió que perdiese la subvención de 600 euros por alumno y mes de prácticas.
Supuestamente tampoco cumplió el compromiso de contratación laboral, por lo que fue penalizada para la convocatoria de cursos de 2011, en la que sus propuestas no superaron el corte en el Área de Formación y fue de la mano de la Cámara de Comercio para concurrir a un procedimiento de cursos del Área de Empleo con una propuesta denominada ‘Escuela Taller Mezclarte’ que fue desestimada y en la que existía “una expectativa de subvenciones cifrada en 571.414 euros”.
Para los abogados de Torrado, “si bien la Cámara aceptó la denegación de su proyecto, no ocurrió lo mismo con [la sociedad de ‘Ceuta TV’], que a partir de ese momento y a través de su cadena de televisión local inició en octubre de 2011 una campaña de descrédito personal y profesional contra el SEPE y su director provincial que se prolongó hasta julio de 2013”.
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