La Unidad Procesal de Apoyo Directo de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha citado el próximo viernes, 30 de abril, a las 10.30 horas al exviceconsejero Antonio López, principal acusado en el ‘caso Emvicesa’, para que se ratifique en su recusación de los magistrados de la Sección VI, Fernando Tesón, Rosa María de Castro y Emilio Martín, a quienes considera “contaminados” para formar la Sala que se encargará de juzgarle junto al resto de los más de medio centenar de acusados.
La defensa de López presentó la semana pasada, como estaba cantado que haría, la recusación de los tres jueces, pero además de su formalización “en escrito firmado por letrado, procurador y recusante y supiere firmar y estuviere en el lugar de la causa”, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que este último “deberá ratificarse ante el juez o Tribunal”.
La recusación de López se basa en que, a su juicio, a la luz de los autos que emitieron en 2017 y 2018 para mantenerle en prisión provisional, están “convencidos” de su culpabilidad y, por tanto, inhabilitados para juzgarle. “La imparcialidad de los magistrados pudiera estar seriamente comprometida”, alerta en su escrito.
Desde el punto de vista de sus abogados, “cualquiera puede entender, recurriendo al más elemental sentido de la Justicia, que ninguna persona quiera ser enjuiciada por quienes le han mantenido en prisión preventiva durante más de un año y que tal pretensión nada tiene de arbitraria o caprichosa, sino que responde al legítimo ejercicio del derecho al juez imparcial, no prevenido o contaminado”.
Siempre de acuerdo con el argumentario de su defensa, Tesón, De Castro y Martín “abordaron sus decisiones de mantener la prisión sin juicio a partir de unas resoluciones que contienen una intensidad del juicio de culpabilidad que les inhabilita para acercarse sin previo contacto, sin estar prevenidos, al ejercicio de enjuiciar los hechos por los que finalmente [López] ha sido acusado”.
Los abogados del exgerente de Emvicesa consideran que los integrantes de la Sección VI no se han limitado a emitir resoluciones sobre “cuestiones formales o de trámite, aspectos generales o, mucho menos, constatar lo acordado por el Juzgado de Instrucción”.
Al contrario, entienden que han demostrado haber llegado a una “convicción de culpabilidad” tras “analizar los materiales de instrucción y valorar los informes policiales quedando, por tanto, inevitable e indiscutiblemente contaminados o prevenidos”.
Si los recusados no asumen la petición de la parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) será el encargado de resolver, se espera que antes de verano, quiénes formarán la Sala.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta dictó en octubre auto de apertura de juicio oral contra 54 políticos, empleados públicos, ‘captadores de clientes’ y particulares que supuestamente pagaron entre 6.000 y 20.000 euros por hacerse con la adjudicación irregular de dos promociones de viviendas de Loma Colmenar. El escrito de acusación de la Fiscalía solicita un total de 280 años de prisión para todos ellos, 26 para el supuesto “cabecilla” de la red, el exviceconsejero Antonio López, a quien se le imputan presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales con accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años.
Entre quince y trece años de cárcel solicita para cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y entre once y dos para los cuatro políticos que se sentarán en el banquillo.
A peticiones de condena de entre 11 y 9 años de prisión se enfrentarán cinco “intermediarios” señalados como “captadores de clientes” para López.
Finalmente, tres años de cárcel por cohecho reclama la Fiscalía para cada uno de los 39 particulares identificados como pagadores de hasta 20.000 euros por conseguir la adjudicación de una vivienda en beneficio propio o de familiares.
El juicio deberá esclarecer la supuesta existencia de una “organización criminal” que López habría tejido “con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo” para “articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”.
El escrito de acusación señala que López “obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito” y que reintrodujo en el circuito financiero legal 1,97 millones.
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta está integrada por ocho Secciones funcionales integradas por tres magistrados salvo en los casos de la V y la VIII, que cuentan con cuatro. Las Secciones I, III y IV conocen en exclusividad de asuntos relativos a la jurisdicción Penal, y las Secciones II y V al orden Jurisdiccional Civil. Las Secciones VI, VII y VIII, todas desplazadas en Ceuta, Algeciras y Jerez de la Frontera, respectivamente, mantienen la competencia Civil y Penal.
Fuentes judiciales consultadas por El Faro han apuntado que, de prosperar la recusación de los jueces de la Sección VI, lo “normal” por “cercanía” sería que fuesen los de la de Algeciras los encargados de formar la Sala del ‘caso Emvicesa’, aunque “no obligatoriamente”.
La duración de la vista, que se presume muy larga a la vista del gran número de acusados, y la imposibilidad por la gravedad de las penas que se solicitan de dirigir el juicio por videoconferencia, hace prever que los magistrados deberían desplazarse a la ciudad, ya que la constitución de la Sala al otro lado del Estrecho tendría complicaciones logísticas todavía mucho más grandes.
Una vez que se resuelva el incidente de recusación planteado por López, para la celebración del juicio oral sólo quedaría el señalamiento de fecha para la recta final de este año o el próximo.
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