La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), con representación en Ceuta, ha denunciado la falta de transparencia del Ministerio de Defensa tras conocer, únicamente a través de los medios de comunicación, que el departamento ya dispone de un proyecto redactado para el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.
La organización ha mostrado su “profunda indignación” por una situación que considera especialmente grave por la relevancia de este asunto para el conjunto de las Fuerzas Armadas. ATME subraya que no se trata de una cuestión menor, sino de una medida con impacto directo en la vida laboral y la jubilación del personal militar.
ATME asegura que se ha enterado de la existencia del documento únicamente tras las declaraciones públicas realizadas el 14 de mayo por la ministra de Defensa. Según la asociación, en ningún momento anterior se les informó de que el proyecto estuviera ya redactado o en una fase tan avanzada.
Esta situación contrasta con lo expuesto en la reunión celebrada el 9 de abril en la sede del Ministerio. Aquel encuentro estuvo presidido por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada, y en él se trasladó a las asociaciones profesionales que el proceso se encontraba en una fase inicial de elaboración.
En esa reunión se indicó que el Ministerio estaba elaborando una propuesta que sería posteriormente remitida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, se aseguró que las aportaciones de las asociaciones serían “tenidas en cuenta” en la redacción del documento.
Para ATME, esas palabras generaron la expectativa de un proceso participativo, transparente y con diálogo real. Sin embargo, la asociación sostiene que los hechos posteriores no reflejan ese compromiso inicial ni esa voluntad de participación efectiva.
ATME recuerda que el 15 de abril remitió un documento con propuestas concretas sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo. Dichas propuestas buscaban garantizar un modelo más amplio, equitativo y con impacto real para todo el personal militar.
El objetivo principal era que el reconocimiento no se limitara a determinados colectivos, sino que alcanzara también a los militares de carácter temporal. Especialmente a aquellos que ya han abandonado o vayan a abandonar las Fuerzas Armadas.
La asociación defiende que esta medida debe tener efectos reales en la futura jubilación del personal afectado. Sin embargo, denuncia que desde el envío del documento no ha recibido ninguna respuesta oficial.
ATME afirma que no se les ha comunicado si sus aportaciones han sido evaluadas, aceptadas o descartadas. Tampoco han recibido información sobre si han sido incorporadas al proyecto final o al documento ya elaborado por el Ministerio.
Esta falta de retorno, según la organización, refuerza la sensación de ausencia de diálogo institucional. También genera incertidumbre sobre el grado real de participación de las asociaciones profesionales en el proceso.
La asociación añade que ya había solicitado el 6 de abril la creación de una Comisión de Trabajo específica para este proyecto. El objetivo era participar de forma estructurada en la elaboración, seguimiento y evaluación del documento.
Según ATME, esta petición tampoco ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Defensa. La organización considera especialmente relevante este silencio ante una demanda formal de participación institucional.
La asociación compara esta situación con otros ámbitos de la Administración. En concreto, cita el Consejo de Personal de la Guardia Civil, donde sí se han constituido comisiones técnicas con participación de asociaciones profesionales.
Para ATME, esta diferencia evidencia una falta de homogeneidad en los mecanismos de participación. Y refuerza la idea de que las asociaciones militares no cuentan con un espacio real en la toma de decisiones.
Uno de los puntos más críticos para ATME es haberse enterado del proyecto a través de los medios. Este hecho se produjo tras las declaraciones de la ministra de Defensa el 14 de mayo.
La asociación considera que esta forma de actuar supone una vulneración del principio de transparencia institucional. También entiende que relega a las asociaciones profesionales a un papel secundario en decisiones de gran impacto.
ATME insiste en que se trata de una medida con consecuencias directas sobre el personal militar activo y retirado. Por ello, considera imprescindible haber sido informados previamente del contenido del proyecto.
La organización subraya que la falta de comunicación previa contradice el compromiso de participación anunciado en la reunión del 9 de abril. Y genera dudas sobre el papel real de las asociaciones en este proceso normativo.
Ante esta situación, ATME ha remitido varias solicitudes formales al Ministerio de Defensa. En primer lugar, pide confirmación sobre si sus aportaciones han sido incorporadas, valoradas o tenidas en cuenta.
En segundo lugar, solicita información sobre el estado del documento. En concreto, si ya ha sido remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones u otros organismos competentes.
Finalmente, la asociación exige recibir una copia íntegra del proyecto elaborado. El objetivo es poder conocer con detalle las medidas propuestas sobre la profesión de riesgo.
ATME insiste en que solo con esta información podrá valorar el alcance real del documento. Y su impacto en las condiciones laborales, la carrera profesional y la futura jubilación del personal militar.
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