Así lo ha explicado la responsable del Área, Rabea Mohamed, recordando el trabajo que ha existido detrás para recuperar esos 2 millones de euros “que llegaron a darse por perdidos pero que insistimos en las peculiaridades de Ceuta y las necesidades específicas que tenemos los volvimos a tener a nuestra disposición”. A Mohamed no le duelen prendas en reconocer que fue la Ejecutiva socialista, con Zapatero a la cabeza, la que consiguió ese dinero en el año 2007 “y que llegó incluso a incrementarse la cantidad en función al IPC en otros años”, pero cuando el pasado año se encontraron que “el equipo de Rajoy no había hecho los deberes en este asunto, tuvimos que trabajar mucho para volver a conseguirlo y al menos se nos aportó un millón de euros”. Que para el presente año volverán a ser los 2millones de antes. “Todo ese dinero va destinado a atender programas que benefician a colectivos y servicios en los que la Ciudad no tiene competencia en su totalidad y que son claves para muchas personas”, apuntó además.
Entre ellos se encuentran entidades y programas pertenecientes al CERMI, el colectivo que atiende a las personas autistas, los discapacitados y demás.
“Comprendemos que se está atravesando una situación complicada a nivel nacional y que se han reducido los presupuestos considerablemente con una bajada incluso del 15% respecto a otros años y por eso hay que agradecer que el Estado finalmente haya admitido aplicar esta excepción con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”, apuntó Mohamed.
El CERMI pide que se evalúen las políticas de discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), al que pertenece Ceuta desde hace muchos años, ha querido hacer un llamamiento a las distintas Administraciones para que incorporen la evaluación en todas sus políticas y programas públicos de discapacidad, como criterio para determinar su acierto y hasta su misma continuidad. La entidad asegura que en España no existe apenas tradición de someter a evaluación ningún tipo de política pública, incluidas las de discapacidad, por lo que estas carecen del debido contraste (antes, durante y con posterioridad a su ejecución) que indique si son exitosas o no, en cuanto a cumplir con el objetivo pretendido al ponerlas en práctica. “Esto lleva a que se desarrollen políticas que no se sabe qué resultado tendrán o a mantener otras indefinidamente o por largos periodos cuya perduración no viene avalada por un impacto positivo demostrado”, aseguran a través de un comunicado. Este importante déficit de procedimiento hace que las políticas públicas de discapacidad tengan una carga desmedida de intuición o azar o de costumbre que resiente su eficacia, y más en unos momentos de crisis en los que cualquier decisión ha de estar basada en criterios contrastados de eficacia. Para comenzar a remediar esta situación, el CERMI y la ONCE ultiman la confección de un protocolo de evaluación de políticas públicas de discapacidad, al que seguirán manuales de aplicación para las Administraciones.
