Las asociaciones profesionales que representan a todas las escalas y empleos de la Guardia Civil, la mayoría con delegación en Ceuta, abandonaron la semana pasada la reunión del Pleno del Consejo del Instituto Armado ante los "continuos desplantes y menosprecios sufridos" en el desarrollo de su labor. "Al ministro del Interior solo le falta aplicar el Código Penal Militar para intentar acallar a los 16 representantes de los guardias civiles vocales en el Consejo de la Guardia Civil", han reprochado en un comunicado de prensa conjunto IGC, ASES-GC, AEGC, AUGC, Unión de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos. La iniciativa, que califican de "pionera", muestra el rechazo unánime de todos los representantes a una "estrategia política" de Fernando Grande-Marlaska destinada a "desacreditar, entorpecer, debilitar y dinamitar" la tarea que tiene encomendada este cuerpo policial y, al tiempo, "desautorizar" la labor de representación ante los guardias civiles. El funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil, órgano cuyas decisiones "carecen del mínimo carácter vinculante", según estas asociaciones profesionales, "tampoco cumple como instrumento consultivo". Además, añade, "se limitan" los tiempos de intervención, "sin que se tenga en cuenta el contenido de las iniciativas planteadas para la mejora de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles". Los representantes de los guardias civiles tienen "clara" cuál es su "verdadera" función dentro del Cuerpo y por ese motivo, avanzan, seguirán adelante, "sin que ningún obstáculo pueda impedir nuestra tarea de ser la voz de miles de guardias civiles ante la administración pública".
Petición de reunión urgente con Marlaska
Imagen cedida Las asociaciones han tachado de "insultante" la forma de proceder de la Administración hacia los representantes elegidos democráticamente por los guardias civiles y reclaman una reunión con el ministro Grande-Marlaska, "quien eludió el 28 de septiembre pasado presidir el Pleno del Consejo". Como evitó también su sustituto en esta Presidencia, el director general de la Guardia Civil, siempre según las asociaciones profesionales. Una actitud que expresa una vez más, a su juicio, la falta de interés de la Administración por los "numerosos y graves problemas" que afectan a los guardias civiles no solo en su trabajo, también en el contexto en el que desarrollan cada día su labor en la defensa de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos. Estas asociaciones consideran "necesario" un "diálogo institucional" que asegure una "modernización" de las relaciones laborales y cree un sistema de participación "similar" al del resto de cuerpos policiales. Precisamente, una de las cuestiones en las que las asociaciones profesionales no ven avances en la aplicación de turnos con cadencias fijas de servicio, "sufriendo un agravio que es más patente si cabe si comparamos la Guardia Civil con la Policía Nacional: mientras en la Guardia Civil se sigue postergando sine die la implantación de turnos, en el otro cuerpo policial dependiente del mismo Ministerio del Interior, llevan años mejorando sus cadencias de turnos de servicio con los cuales poder asegurar la conciliación de la vida laboral y familiar".
Actuaciones que las asociaciones de guardias civiles tildan de "irrespetuosas"
Como ejemplo del trato a los representantes de los guardias civiles y a toda la Benemérita, "valgan los ejemplos de la reducción, eliminación y traspaso de competencias de los guardias civiles frente a otros cuerpos policiales", que enumera a continuación: "Traspaso de competencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil hacia la Policía Foral de Navarra". "Pérdida de competencias en materia de Fiscal, Policía Judicial y Seguridad Ciudadana en puertos y aeropuertos. Recientemente hemos visto el inicio de estas acciones en los puertos de Santander y Melilla". "Polémica por la posible asunción de las competencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil a favor de los Mossos d'Esquadra para la seguridad marítima en la Copa América de Vela 2024". "Se pretende prescindir de la participación real de las asociaciones en el sistema a establecer en cumplimiento de Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".