Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que regularizaba a inmigrantes con documentos falsos procediendo a la detención de cuatro personas de las que tres han ingresado en prisión. Recibían información de otras organizaciones sobre las salidas de embarcaciones de Marruecos.
Los detenidos alojaban a los inmigrantes en inmuebles ubicados en la isla de Gran Canaria que se encontraban bajo circunstancias no aptas para ser habitados y que no tenían las mínimas condiciones de salubridad ni higiene.
El entramado obtuvo unos beneficios que ascendieron a más de 250.000 euros en total.
Inmigrantes llegados desde Marruecos
El entramado criminal se dividía en dos ramas diferenciadas, una estaba asentada en Marruecos y la segunda en España. Sus integrantes se encargaban de la recepción de los inmigrantes que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la península.
Los implicados se distribuían las diferentes funciones de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero. Los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla. Además se encargaban de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los inmigrantes.
La red recibía información de organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas. Estas eran las que les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de los inmigrantes que habían pagado por adelantado el alojamiento en nuestro país.
Una vez llegaban a Las Palmas de Gran Canaria los trasladaban a la península utilizando inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.
Viviendas insalubres y controladas
La red alojaba a los inmigrantes en inmuebles que se encontraban en circunstancias no aptas para ser habitados y que carecían de las mínimas condiciones de salubridad e higiene. Este espacio estaba controlado por miembros del entramado asentados en España.
Desde Gran Canaria les facilitaban la salida hacia otros puntos del país y de Europa y la frecuencia dependía de la cantidad económica que cada inmigrante pudiera aportar al grupo criminal.
Los integrantes de la rama criminal establecida en España cobraban a cada inmigrante entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península.
En ocasiones este tráfico migratorio debía hacerse vía aérea, lo que implicaba más trámites relacionados con la documentación que habilitase la entrada en España, así como la necesidad de acompañarlos a lo largo del trayecto con el objetivo de regularizar de manera fraudulenta su situación administrativa.
Beneficios de entre 4.000 y 250.000 euros
En estos casos, los implicados percibían en torno a los 4.000 euros por cada persona. Esta actividad criminal supuso la obtención de unos beneficios que ascendieron a un total de más de 250.000 euros.
La investigación ha culminado con la detención de cuatro personas, tres de ellas han ingresado en prisión, en las ciudades de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, usurpación de bienes y pertenencia a organización criminal.
Durante la operación se han llevado a cabo dos entradas y registros en las localidades de Arucas y Las Palmas y se han intervenido diversos dispositivos de almacenamiento de información.
