Engañar al SEPE y a la Policía puede que en alguna ocasión salga bien. Pero al final te pillan. Eso es lo que ha pasado en varias provincias de España en donde se ha llevado a cabo una operación por el cobro ilegal de prestaciones. En Ceuta hay precedentes, ahora el CNP ha actuado en Málaga, Valencia, Murcia, Madrid, Alicante y Albacete.
Con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social se ha logrado la detención de 52 personas por ese presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. La operación se ha bautizado como Cardenal.
Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con varias personas, se dedicaba a crear empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a trabajadores. La cantidad defraudada tanto al SEPE como al INSS asciende a más de 300.000 euros.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras recibir un escrito-denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social. Con la denuncia se requería la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por una sociedad con actividad en Albacete con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
La empresa denunciada se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas y tras las comprobaciones realizadas se comprobó que no existía ninguna actividad comercial y que se trataba de una vivienda residencial como indicaba la sede electrónica del catastro.
Por ello, los agentes tomaron declaración a varios trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por desempleo, los cuales manifestaron que nunca habían trabajado para esta empresa y que habían pagado una cantidad de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.
Tras labores de investigación se pudo identificar a esta persona, que junto a su mujer figuraban como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia.
La mayoría de estas empresas compartían un nexo común y es que les constaba un mismo abogado de la ciudad de Albacete como tramitador autorizado para realizar gestiones (autorizado RED) ante la Seguridad Social.
A este letrado le constaban antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y Falsificación Documental y al supuesto administrador también le figuraban numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos.
Con estos indicios se focalizó la investigación sobre el autorizado RED de Albacete que, con la colaboración de terceras personas, se encontraba al frente de sociedades sin una actividad real y realizaban el alta a trabajadores en la Seguridad Social para que estos pudieran obtener de manera ilegítima una prestación o un subsidio de desempleo.
De hecho, estos administradores ficticios, conocidos coloquialmente como testaferros, también aprovechaban para poder cobrar prestaciones por desempleo colocando incluso a sus familiares cercanos para recibir el paro del SEPE.
Los agentes pudieron determinar que buena parte de las empresas gestionadas por este autorizado RED eran ficticias y también afloraron otras sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas que si tenían una actividad real.
Tras las averiguaciones se llevo a cabo un operativo que ha permitido detener a un total de 52 personas en las provincias de Albacete (41), Alicante (2), Madrid (4), Málaga (1), Murcia (1), Valencia (3) por delitos de fraude en obtención de prestaciones.
Al abogado, junto a sus testaferros, también se les ha atribuido un delito de pertenencia a grupo criminal al considerarse que habían creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.
En base a todas las investigaciones llevadas a cabo, se ha podido determinar que el perjuicio económico total causado al SEPE y al INSS ha sido de más de 304.094 euros, cantidad que se habría visto incrementada de no ser por las actuaciones policiales, ya que se detectaron nuevas empresas ficticias las cuales han sido dadas de baja de oficio para que no generasen más fraude.
Por otra parte, ha aflorado un fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros que está siendo investigado por la Agencia Tributaria de Albacete.
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