La tragedia de Castillejos ha causado un debate en torno a la seguridad vial y a las exigencias de una investigación clara sobre lo ocurrido después de las muertes causadas por el siniestro del camión al chocar contra una cafetería. Un siniestro que ha causado impacto también en Ceuta.
Los medios de Marruecos recogen amplias informaciones y reflexiones tras lo ocurrido, cuestionándose el motivo de por qué se permitió el tránsito de vehículos pesados si había una señal que lo prohibía, pero alguien había retirado.
En esas necesarias investigaciones hay algo más grave aún: si tras la tragedia se ordenó volverla a colocar.
No es un incidente circunstancial que se archive con unas meras condolencias sino que abre el debate en torno a la gestión del tráfico dentro del perímetro urbano, así como sobre la responsabilidad que hay al modificar o mantener señales de tráfico sin ningún respaldo administrativo o legal.
Grabaciones recogen el momento en el que pasa el camión a toda velocidad antes de chocar contra la cafetería, pudo haber sido una tragedia mayor tras las 6 muertes causadas.
¿Debía haber pasado el camión por esta vía?, ¿qué control tienen las señalizaciones viales en esta zona?, ¿pueden colocarse y retirarse?
La modificación de señales de tráfico o la retirada de una señal que prohíbe la circulación de grandes camiones sin una decisión administrativa motivada y anunciada es una ilegalidad que sitúa el hecho en el marco de una falta administrativa grave, especialmente cuando se trata de un eje urbano sensible que conduce a la avenida Mohamed V pasando por el barrio El Patio.
Según medios marroquíes se celebró una reunión previa en la que se acordó colocar señales que prohíben el paso de camiones grandes hacia el centro urbano, con el objetivo de proteger vidas y garantizar la seguridad pública.
Esa decisión no fue ejecutada, lo que abre la puerta a la sospecha de responsabilidad penal siempre que se demuestre una relación causal entre esta omisión y los resultados trágicos en la ciudad de Castillejos.
Lo más grave jurídicamente es la información que circula sobre la recolocación de la señal que prohíbe el paso de grandes camiones justo después de que se produjera el accidente.
Si se confirma que esta reinstalación se realizó tras la tragedia, podría considerarse jurídicamente como una alteración de los elementos del hecho que podría constituir un posible delito.
Se exige una investigación administrativa urgente para determinar las circunstancias del cambio de señalización y establecer responsabilidades y una investigación judicial independiente para esclarecer los hechos, calificarlos jurídicamente y verificar la sospecha de alteración de los elementos del delito.
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