Así blanqueaba el dinero la red juzgada por la Audiencia

Blanquear el dinero obtenido de manera ilícita siempre deja rastro. No hay una técnica infalible para burlar a los investigadores, porque en toda acción ilegal se termina cometiendo un error. En el macrojuicio seguido en la Audiencia de Ceuta contra un entramado acusado de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico se ha tomado este miércoles declaración a dos guardias civiles del OCON-SUR que fueron los encargados de estudiar el patrimonio y efectuar una investigación judicial y policial.

Actuaron como peritos para poner en conocimiento del juzgado la información que iban obteniendo, rastreando hasta el más mínimo detalle tanto de movimientos bancarios como ingresos, gastos, propiedades… Una investigación financiera patrimonial que ha llevado a concluir, sin duda alguna, que se estaba ante operaciones continuadas de lavado de dinero.

Para los agentes se está ante un modus operandi propio de la delincuencia organizada, en el que interesa el ostracismo. El objetivo del OCON-SUR, que colaboró con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta, era poner de manifiesto la existencia de ese dinero que afloraba al circuito legal monetario e identificar los bienes. Fue una labor dificultosa, de hecho, hay propiedades que aún no han aflorado.

Cuando iniciaron esa investigación financiera patrimonial llegaron hasta el año 2009, es decir, su rastreo se fundamentó en un estudio sobre movimientos efectuados 9 años antes del inicio de esta investigación de la Guardia Civil, que data de 2018, cuando integrantes de la Benemérita ceutí vieron al cabecilla fugado de esta red cargar petacas en una embarcación. Aquello derivó en uno de los mayores procedimientos judiciales contra el blanqueo de capitales que ahora se juzga.

“Para ser pulcros y transparentes hay que irse hasta el máximo”, han expuesto los testigos. Así, en 2009, el señalado como cabecilla de esta trama, fugado de la Justicia, tenía 3 actividades: vendedor de vehículos, trabajador en una empresa municipal y titular de una sociedad sin NIF ni sede, dedicada al comercio menor y albañilería, entre otros.

Empresas pantallas, sin beneficios, pero necesarias

Era “una empresa pantalla” que la tuvo hasta 2010. Es decir, una empresa que “no tiene beneficios, ni movimientos, nada. Tenía declarada la actividad con una serie de empleados a los que documentalmente pagaba nóminas, pero no había rastro del cobro de las mismas”, han explicado los peritos.

Los empleados eran siempre del entorno familiar y además mantenía relación con personas investigadas en la Península por su presunta relación con asuntos de drogas. En el año 2010 pasó documentalmente esa empresa a su madre, que la mantuvo en similares circunstancias hasta 2014.

Entre las investigaciones patrimoniales llevadas a cabo dieron con detalles curiosos, como la compra de una nave en el polígono del Tarajal que en verdad no existía porque no estaba registrada en 2011.

No fue hasta 2014 cuando afloró por lo que, años atrás, se hizo constar algo que no existía. Adquirida por valor de 180.000 euros, abonaron 120.000 de origen desconocido.

Un divorcio simulado

Cuando el cabecilla de esta organización se separó de su mujer (la Guardia Civil y la Fiscalía mantienen que ese divorcio es una simulación), se firmó un acuerdo marcado por un “desequilibrio total” en el reparto de bienes ya que había un desfase porque los bienes inmuebles que estaban en gananciales en el matrimonio pasaron a la mujer, policía local, mientras que los bienes terrestres como es el caso de los vehículos quedaron a cargo de él.

Detalles como este llamaron la atención al OCON-SUR ya que era un reparto que “carece de credibilidad” ya que evidencia de forma clara que, entendiendo que el reproche penal va a ir hacia quien comete las ilegalidades, para salvaguardar a la mujer se hace una mezcla quedando todos los bienes gananciales a su nombre y permaneciendo alquilados para seguir dando beneficios.

“Una parte se queda con el patrimonio que reporta dinero y la otra con algo que se devalúa en el día a día” como era el caso de los coches. “Es un reparto que carece de fiabilidad y no se ajusta a la realidad”.

De hecho, causó asombro entre los investigadores que se renunciara a cuantificar los valores de los bienes en ese reparto, algo que, simplemente atendiendo a parámetros de pura sensatez, no se haría en una ruptura matrimonial.

“Nos sorprendió y vino a confirmar que estábamos ante un entramado que opera bajo la operatividad de la delincuencia organizada”.

“Él se quedó con una vivienda de 29 metros cuadrados que estaba alquilada, en donde figuraban además empadronados dos hermanos, a donde tendrían que acudir los hijos en turno de visitas. ¿Cómo viven 3 adultos y 3 menores en una casa así?, es absurdo” lo que ponía de manifiesto la simulación de esa disolución matrimonial.

En cuanto al pago de la manutención a los menores tampoco figura, no pudieron detectar abonos que verificaran que se estaba cumpliendo con ellos.

Desde el punto de vista económico, los investigadores entendieron que esa separación también es imposible, ya que el acusado vivía a diario en la vivienda con la acusada, pedía comida rápida desde allí, hablaba con sus hijos a diario, en intervenciones telefónicas se escucha a la supuesta exmujer indicándole que prepare la barbacoa y los posicionamientos del teléfono del acusado daban a esa vivienda a diario.

Ella hacía llamadas desde el móvil del marido y la familia al completo marchaba unida en vacaciones. “Eso reforzaba que no había disolución”. En el registro llevado a cabo en la vivienda ubicada en Postigo se encontró ropa de hombre, las armas de caza del acusado estaban también allí. Además, supuestamente separados, mantenían una cuenta en el banco común.

Ingresos sin control

Los investigadores han hecho mención a los ingresos en cajero que se hacían sin control, en una época en la que era imposible saber la titularidad de quien los hacía.

Había multitud de préstamos cuyas mensualidades no se hacían por transferencia desde cuentas, sino en metálico.

La entidad bancaria iba aminorando ese crédito, evidenciándose una anomalía garrafal pero que existió. Todos los meses se repetía el mismo modus operandi sin dejar rastros de movimientos en cuentas.

En las investigaciones llevadas a cabo se han detectado ingresos cuantiosos que no pueden corresponderse con actividades profesionales.

Había una ingente cantidad de ingresos de origen desconocido, se hacían pagos en metálico lo que evidencia que se estaba aflorando un dinero obtenido de manera ilegal. No se usaban tarjetas, un modus operandi ejecutado por los acusados que comparten lazos familiares.

Los agentes han hecho mención en varias ocasiones a la gran confusión de capitales, movimientos sin lógica, tejidos en un caos en torno a un entorno familiar de confianza. Han hablado de un auténtico entramado que usaba técnicas de blanqueo “de manual”.

Los caballos y la narcolancha

En las investigaciones sobre las propiedades se ha hecho hincapié en la gran cantidad de caballos de pura raza encontrados (hasta 60), sementales que han ganado premios y cuya titularidad, como una ganadería, recaía en muchos casos en menores de edad.

También se localizó una narcolancha cuya única finalidad era el tráfico de estupefacientes. Se detectaron, en el marco de las investigaciones, cómo se habían iniciado ya contactos con proveedores de droga reconocidos en Marruecos y en el tráfico de sustancias a nivel internacional.

Para aflorar dinero hay que gastar dinero, por lo que se escenificaban operatorias de blanqueo de capitales que, sin duda, a ojos de los investigadores, procedían del narcotráfico.

En el entramado societario organizado a través del auxilio doloso del entorno familiar, hacían uso de menores para testaferros, de gente joven sin cometido laboral ni profesional.

Una operatividad propia de delincuencia organizada, en la que cada uno acepta un rol, con unas funciones determinadas, con simulaciones absurdas para constituir sociedades, inflando el patrimonio y con un dinero de origen poco claro.

Entre los acusados había quienes tenían titularizados hasta 27 vehículos terrestres, algunos de alta gama; el cabecilla, fugado, tenía 61 vehículos titularizados; su madre 35, en algunos casos motos de alta cilindrada sin disponer de permiso de conducir.

Buscaban una confusión patrimonial, escenificando un modo de vida marcado por la suntuosidad, la ostentación inmobiliaria…

Las curiosidades de la investigación

En la exposición de los agentes, que se ha extendido hasta esta tarde y continuará el jueves, se han desvelado curiosidades que se detectaron a lo largo de la investigación.

Los investigadores han ido analizando todos los perfiles de los acusados, dando datos de sus roles y de cómo coparticipaban en ese entramado que blanqueaba ingentes cantidades de dinero.

Las sociedades creadas contaban siempre con participación de los acusados, que mantenían relaciones basadas en lazos de sangre y en confianza. Además, contaban con la connivencia de entidades bancarias que no adoptaron medios básicos de control a la hora de producirse ingresos de dinero, y de un abogado peninsular que asesoraba las distintas funciones que debían desempeñar.

Los agentes siempre han situado en la cúspide y máxima responsabilidad de este entramado al cabecilla sobre el que no se ha podido ejercer acción judicial alguna ya que se fugó al saber que estaba siendo registrada su vivienda.

Después han señalado a testaferros, es decir, personas que solo fueron utilizadas para que se pusieran a su nombre propiedades, tratándose en muchos casos de menores de edad o individuos que no habían tenido prácticamente experiencia laboral.

Así había caballos y ganaderías a nombre de menores; o vehículos a cargo de personas sin carné o niños. Contrastaba también la posesión de bienes con la escasa vida laboral.

En varias ocasiones los peritos han insistido en conclusiones claras: se movía muchísimo dinero procedente de la droga y se introducía en el circuito legal a través de un entramado marcado por la confusión y el apoyo de clanes familiares.