Una auténtica máquina para lavar el dinero procedente de los negocios del narcotráfico. Con esto se toparon los investigadores de la
Guardia Civil en el transcurso de la
Operación Artio, desarrollada en Ceuta y diversos puntos de la Península para conocer las supuestas actuaciones criminales llevadas a cabo por dos ceutíes que operan en el Campo de Gibraltar y a los que el Instituto Armado vincula con los negocios de la
droga. Se habrían enriquecido de forma ilícita con las ganancias producidas por “su dedicación profesionalizada al mundo del tráfico de drogas, llevando a cabo diversas inversiones y transformaciones de las ganancias obtenidas de estas actividades delictivas en el sistema económico-patrimonial normalizado”. Así lo detalla la Guardia Civil en la investigación a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, en la que se refleja
la importancia de la cantidad de dinero blanqueado o la vinculación de los implicados con actividades ilícitas o con personas relacionadas con las mismas. El inusual o desproporcionado incremento patrimonial viene de la mano de una característica propia de los investigados: el uso abundante de dinero siempre en metálico o la inexistencia de una justificación lícita de los ingresos para realizar las operaciones económicas que llevaban a cabo de compras y ventas de inmuebles o vehículos, además de licencias de taxi. La Guardia Civil destaca, de hecho, la debilidad de las explicaciones ofrecidas acerca del origen de los capitales manejados además de la existencia de sociedades pantalla o entramados financieros que no se apoyan en actividades económicas lícitas y acreditadas.
Desde el año 2020 los agentes indagaron en la búsqueda de indicios para presentar ante el Juzgado de Instrucción número 4 que lleva la causa y que este miércoles autorizaba intervenir en los registros exhaustivos de viviendas, garajes u obras ubicadas en Juan Carlos I, avenida Reyes Católicos, calle Viñas, carretera del Pantano, Españoleto y el Príncipe. A la vez se actuaba en otras propiedades vinculadas a estos ceutíes y establecidas en la calle Espronceda de Algeciras, en Benalmádena y Marbella. Se trataba de acceder a puntos de residencia u otros que servían de encuentros para reuniones relacionadas con la actividad criminal para localización de pruebas que hoy prevén ser presentadas ante la autoridad judicial.
La Guardia Civil mantiene que esa estructura delincuencial realizó una gran serie de adquisiciones patrimoniales y movimientos financieros, conformando un amplio patrimonio “con una financiación que tiene su origen en los beneficios obtenidos por la actividad vinculada al narcotráfico o del producto del generado por la actividad blanqueadora”.
Destaca la recepción de una herencia que, en su totalidad, fue recibida por uno de los investigados tras la renuncia a la misma de todos los familiares
A uno de los investigados le constan, por ejemplo, hasta 7 propiedades inmobiliarias a su nombre, destacando el empleo de dinero en forma de efectivo-metálico siempre y en grandes cantidades, justificando pagos mediante “manifestaciones faltas de credibilidad y de difícil justificación real”, con fraccionamiento de pagos en el pasado y a futuro o con préstamos “que vislumbran indicadores de blanqueo sin garantías y cuyas cláusulas son en la práctica inasumibles, evidenciando operaciones extrañas y heterodoxas a las prácticas comerciales ordinarias en el sector inmobiliario”, concluye la Guardia Civil.
La Operación Artio, enmarcada en el Plan del Estrecho que persigue erradicar el blanqueo vinculado al narcotráfico en el sur peninsular y Ceuta, ha hecho aflorar una “financiación ilícita y desacreditada”, evidenciando la adquisición de cuantiosas propiedades y también licencias de taxi para justificar con la actividad del servicio público la entrada de dinero. Los implicados llegaron a adquirir hasta tres garajes seguidos en la calle Viñas, que posteriormente fueron vendiendo, al igual que hicieron en otros bienes. “Todos estos negocios de compra o adquisición de bienes raíces fueron elevados a fe pública notarial, consiguiendo el correspondiente título jurídico que, tras su prevenido trámite, eran inscritos en el Registro de la Propiedad y en Catastro”, se recoge en la investigación, una de las más complicadas ya que resulta complicado lograr la vinculación plena entre el movimiento de grandes sumas de dinero y la droga.
Se han descubierto sociedades pantalla y entramados financieros claves
Con ese paso por notaría conseguían una de las esencias del blanqueo: la obtención de un título jurídico aparentemente legal. El dinero se invertía también en construcción y reformas de viviendas, llevando a cabo acciones integrales dando apariencia de legalidad a las cantidades monetarias intervenidas y revalorizando los inmuebles. Constan en las actuaciones cómo los investigados llevaron a cabo demoliciones de viviendas, proyección de nuevas y una posterior explotación de los bienes para mover dinero.
En el transcurso de esta investigación se han analizado los movimientos bancarios, con ingresos periódicos de cantidades con ánimo de buscar una simulación de una actividad lícita para la obtención de moneda limpia, “alejándose del perfil criminal” de los distintos movimientos llevados a cabo.
Los saldos de las cuentas bancarias aumentaban, consiguiendo así suficiencia financiera para realizar nuevas inversiones inmobiliarias que se materializaban en la compra de otras propiedades. Los sospechosos venían a “blanquear lo blanqueado consiguiendo un efecto de ocultación y encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, destino y ubicación de bienes producidos por la actividad de reciclaje, purificación y conversión de fondos con origen delictivo”, se recoge en la investigación.
120.000 euros por una licencia de taxi. Es lo que se pagó para disponer de este vehículo
La máquina del blanqueo se sostenía sobre esa pata inmobiliaria pero también sobre la compra de vehículos, entre ellos los
taxis, dándose el caso de la adquisición de una licencia por valor de 120.000 euros. Las ganancias sustentadas en un perfil delictivo se traducían en bienes inmuebles, registrándose hasta cinco operaciones de adquisición, transmisión y enajenación de estos activos en pocos años, empleando dinero “de manera opaca y fuera de la legalidad” sin haber detectado “movimientos en sus cuentas bancarias que justificaran estas operativas comerciales”.
Durante meses de investigación la Guardia Civil ha estado controlando cada movimiento al detalle, cotejando compras y ventas curiosas de vehículos, incluso en un caso bajo titularidad de una persona sin carné de conducir.
Para dar apariencia de legalidad a sus ganancias, contrataron cinco cuentas bancarias en entidades, usadas para el lavado del dinero. Eran meros instrumentos de “colocación” de las ganancias, beneficios y réditos. “Estos montos dinerarios enjuagados daban una pátina de cobertura de legalidad para realizar otras inversiones inmobiliarias instrumentalizando cheques con los que liquidaban parte de las adquisiciones y en otros casos transferían dinero bajo la figura de préstamos a familiares”.
Los perfiles no cuadran con el movimiento de dinero, constatándose claras ausencias de actividad laboral o profesional para, por ejemplo, justificar el dinero lícito para comprar un vehículo, plazas de garajes o inmuebles.
Como curiosidad dentro de la investigación consta la existencia del cobro de una herencia de manera íntegra por parte de uno de los investigados tras la muerte de un familiar, siendo sorprendente como todos sus hermanos renunciaron a su parte para que todo el montante, más de 100.000 euros, quedara en manos del sospechoso.
La Guardia Civil ha incluido en su investigación a varias empresas de promociones e inversiones.