Asfixiados por el empleo sumergido

El empleo clandestino y la economía sumergida están asfixiando a empresarios y autónomos ceutíes. Una asfixia que se traduce en el despido de trabajadores y, en algunos casos, en el cese de la actividad económica. La incidencia de la mano de obra ilegal es mucho más lesiva para empresarios y trabajadores ceutíes en una situación de crisis económica como la actual, ya que al descenso de la actividad motivado por esta recesión se le suma que el trabajo clandestino es más barato y numerosos ciudadanos acuden a él por este reclamo. Y es que, en ocasiones, lo barato sale caro.
La mayoría de los trabajadores ilegales proviene del país vecino y realiza trabajos diversos. Destaca también el importante número de transfronterizas que trabajan de manera irregular en hogares ceutíes sin estar contratadas. En este último caso, aunque es empleo sumergido, no quita trabajo a ciudadanas de Ceuta debido a que existen pocas personas demandando un empleo de estas características en los archivos del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, desde que se permite contratar a este colectivo, la economía sumergida en este sector ha disminuido notablemente, hasta el punto de que, según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 44,55 por ciento de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el mes de julio estaba enmarcado en el Sistema Especial del Hogar, con 1.211 afiliados. En el mes de julio había un total de 2.718 extranjeros afiliados, por lo que el resto de personas de otros países que trabajan en Ceuta lo estaría haciendo al margen de la ley.
Según la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), el sector más afectado por el empleo clandestino es el de la construcción y sus auxiliares, es decir, el metal, y también la hostelería, concretamente los locales en los que se sirven bocadillos. Mecánicos y panaderos son otros de los colectivos que han mostrado sus quejas por la disminución de su actividad a consecuencia de esa economía oculta.
Empresarios y autónomos piden que se realicen más controles a estos centros de trabajo o trabajadores que actúan al margen de la ley, una reivindicación a la que se suma la Unión General de Trabajadores (UGT). Su secretario general, Antonio Gil, reclama más medios para la Inspección de Trabajo, pero recuerda que hay actividades como la del hogar, en la que es muy complicado actuar debido a que se desarrolla en el interior de viviendas y para realizar una inspección haría falta una orden judicial, por lo que hay limitaciones en esta lucha en concreto.
Las consecuencias negativas de la economía sumergida no sólo las sufren los ceutíes, sino también las personas que realizan estos trabajos sin la cobertura de los servicios sociales, nómina ni contrato, sólo con un acuerdo verbal. Aunque ha habido casos de trabajadores ilegales que han tenido un problema laboral y se ha podido demostrar que el empleador ha cometido un abuso ganando incluso el proceso judicial iniciado, a la hora de luchar por una pensión tras un accidente laboral es muy difícil conseguirla. Además, estas personas tampoco cotizan, por lo que no tendrían derecho a una pensión por jubilación. Todos, en definitiva, salen perdiendo por este fraude.

Economía sumergida en la Ciudad Autónoma

Sectores más afectados
Construcción y auxiliares, hostelería y mecánica.
Los sectores de la economía ceutí más afectados por el trabajo clandestino son los de la construcción y auxiliares –metal–, hostelería, mecánica de vehículos y panadería. Empresarios y autónomos enmarcados en estas actividades alertan de la difícil situación que están atravesando, que en numerosos casos se traduce en reducción de plantilla e incluso en el cese de la actividad económica.
Datos de inspección
Más de 2 millones de euros en sanciones del área de Empleo y Extranjería.
El importe de las sanciones impuestas por el área de Empleo y Extranjería de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ascendió a 2.146.153 euros en el último ejercicio cerrado, 2012. Esta cantidad es la resultante de 225 infracciones. Los trabajadores ilegales detectados fueron también 225. En la última década, el número de actuaciones realizadas ha estado entre las 1.000 y las 2.500, teniendo su punto más alto en el año 2005, con 2.547. El más bajo se dio en el año 2003, con 169. El número medio de trabajadores ilegales detectados ha oscilado entre los 100 y los 200, también con su punto más alto en 2005 con 247 y el más bajo en 2003 con 58. Tal y como publicó este medio en septiembre de 2012, en los ocho primeros meses de aquel año la Inspección de Trabajo en su conjunto –con todas sus áreas– interpuso casi 400 sanciones, por un importe total de 3,2 millones de euros.
Operación destacada
Localizado un taller de desguace en el Príncipe.
En enero de este año, la Guardia Civil desmantelaba un taller de desguace en la calle Fuerte de la barriada Príncipe Alfonso. Poco después de la operación, la Benemérita informaba de más de medio centenar de sanciones contra el dueño del taller, entre denuncias medioambientales y de tráfico, además del levantamiento de 17 actas de Inspección de Trabajo. Además, se decomisaron unas cuatro toneladas de lácteos no destinados para el consumo en Ceuta y se interceptó material numismático de finales del siglo XIX.
Plan de choque
Creación de una Comisión.
Delegación del Gobierno ha creado la Comisión Local de coordinación y lucha contra el fraude fiscal y laboral. Este órgano lidera la lucha contra el fraude fiscal, residencias ficticias, fraude laboral, etcétera.

Los mecánicos, un gremio en apuros

El gremio de los mecánicos está en apuros. La competencia desleal de marroquíes que cruzan la frontera para realizar estos trabajos a un precio más bajo y la existencia de talleres clandestinos ha provocado que algunas empresas hayan sufrido una caída en los ingresos de hasta el 80 por ciento.
Por ende, esa caída ha provocado también una disminución en los beneficios e incluso que empresas cierren sus ejercicios con negativos, lo que se traduce en la pérdida de puestos de trabajo y el despido de personas.
Existen talleres legales en la ciudad que han tenido que aplicar una rebaja importante en sus precios, pasando de 45 euros la hora a 12, para intentar así que todos los clientes no se marchen a talleres clandestinos o acudan a trabajadores ilegales para que les realicen las reparaciones en sus vehículos (los típicos chapuzas). Y es que los precios que establecen quienes forman parte de la economía sumergida son mucho más bajos que los regularizados –en ocasiones, incluso, se paga lo que el cliente estime oportuno–. No tienen que abonar seguros sociales ni las correspondientes cuotas por actividad económica, por ejemplo, autónomo.
Según fuentes consultadas por este medio, habría en la ciudad unos cinco talleres funcionando al margen de la ley, en lugares como San Amaro, el Príncipe, Juan XXIII, Carretera de Servicio o el Recinto. Profesionales del sector también han criticado que personas que trabajan por la mañana para la Administración militar, por la tarde, cuando la actividad de la Inspección de Trabajo es menor, se dedican a realizar trabajos de mecánicos, chapistas y pintores a vehículos, lo que está generando una competencia desleal. Otra de las situaciones que afecta al gremio en Ceuta es el importante número de personas que prefieren arreglar sus vehículos en Marruecos por un precio menor, sin mirar siquiera la calidad obtenida después.
Los mecánicos consultados por este medio dejan claro que no están en contra de que haya otras personas que realicen su trabajo, pero piden que se lleve a cabo de manera regular para poder competir legalmente, para lo que tendrían que tener licencia de Magistratura de Trabajo, titulación, permisos correspondientes y estar dados de alta en la Seguridad Social. Aseguran que esta situación es insostenible y que si se alarga en el tiempo afectará a más empresas y puestos de trabajo.

Las colas del paro clandestinas

Se colocan en grupos en distintos puntos de la ciudad, portan bolsas con herramientas en su interior y esperan a que alguien se les acerque para ofrecerles un trabajo, eso sí, sin cobertura social ni contrato. Son marroquíes que a diario cruzan la frontera para intentar ganarse la vida en Ceuta.
En la ciudad hay dos puntos en los que se congregan, sobre todo por la mañana. Uno de ellos está ubicado en la calle Teniente Coronel Gautier, conocido como ‘la cola del paro de Hadú’ o ‘la oficina del INEM’, y el otro en Loma Rubia, en la carretera que conecta Miramar Bajo con el nuevo vial que conduce hacia el cementerio musulmán.
En ocasiones, la Policía acude a identificar a estas personas, que optan por marcharse del lugar, pero por poco tiempo. Después, cuando las unidades policiales ya no merodean por la zona, vuelven al mismo punto a seguir buscando trabajo. Los que se ofertan en uno y otro lado son distintos: mientras que en la calle Teniente Coronel Gautier se centran en albañilería, fontanería, electricidad o tapicería; en Loma Rubia son, básicamente, de mecánica de vehículos, aunque también se realizan trabajos de tapicería en los coches.
En ocasiones, estos trabajadores ilegales operan de manera coordinada, ya que a menudo acuden a ellos personas que ofrecen varios trabajos y de distinta modalidad.
El precio que piden por los trabajos realizados es bastante inferior al que ofrece una persona que tiene que pagar sus seguros sociales o una empresa que debe abonar los sueldos a sus trabajadores y pagar sus impuestos. De esta manera, el precio del trabajo clandestino es la mitad que el que tiene todas las garantías. Tomando como ejemplo la pintura, el presupuesto para pintar una vivienda con un salón, dos habitaciones, pasillo, cocina y cuarto de baño podría ser de unos 600 euros. Eso, si se realiza contratando los servicios de una empresa legal; con mano de obra al margen de la ley puede salir por la mitad de precio. En este ejemplo también vale la expresión ‘lo barato sale caro’, debido a que, tal y como han indicado a este medio profesionales del sector, son bastantes los particulares que después de que un trabajador ilegal haya realizado una labor de pintura en su vivienda acuden a uno regularizado para que repase el trabajo.
Profesionales de este  gremio han asegurado que no pueden competir con los precios que ofrecen los ilegales debido que ellos tienen que pagar seguros sociales, salarios en el caso de empresas, cursos de prevención de riesgos laborales y los correspondientes impuestos.