La Asamblea de Ceuta declarará el próximo martes a las 9.30 horas en una Sesión Plenaria extraordinaria persona non grata a la exministra de Vivienda María Antonia Trujillo por las afirmaciones que vertió a principios de mes en un Congreso Internacional en Marruecos “negando la españolidad de las dos ciudades autónomas”. “Ceuta y Melilla y los peñones e islotes suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos”, afirmó la que fuera miembro del gabinete de Zapatero entre 2004 y 2007, que también dijo que “son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones bilaterales”.
Idéntica condición se ganó a ojos del Pleno hace ahora algo más de un año "por su actitud contra la gente de Ceuta" el presidente de Vox, Santiago Abascal, a cuenta de las declaraciones que realizó durante sus dos visitas tras la crisis fronteriza de mediados de mayo, en las que denunció la existencia de “quintacolumnistas” marroquíes en la clase política y la sociedad locales.
Según el acuerdo adoptado por los portavoces de PP, PSOE, MDyC y Ceuta Ya! (Vox no acudió a la reunión de la Junta de Portavoces), sus palabras “suponen una grave deslealtad a España, un absoluto desconocimiento de la historia y del Derecho y un desprecio y falta de respeto a los sentimientos de ceutíes y melillenses, que somos y nos sentimos españoles en lo más profundo de nuestros corazones.
Además de repudiar sus palabras, la Asamblea dejará claro que “la soberanía de nuestras dos ciudades está fuera de toda duda y garantizada por el ordenamiento constitucional y el Estado”, así como que “la defensa de nuestra irrenunciable españolidad debe ser un asunto de todos y realizarse desde la unidad, al margen de siglas y de diferencias partidistas”.
Acto seguido, el Pleno aprobará ya en Sesión ordinaria, la correspondiente al mes de agosto, iniciar el procedimiento que conducirá antes del 28 de diciembre a la municipalización del servicio de transporte público en autobuses urbanos. A tal efecto se creará un grupo de trabajo que, con miembros políticos y técnicos, se encargue de “estudiar la forma de gestión más sostenible y eficiente del servicio público de transporte colectivo urbano" en autobuses y de elaborar “la memoria justificativa que sirva de soporte a la correspondiente resolución” de la Corporación.
Una vez contratadas dos consultorías externas, una técnica y otra jurídica, el Ejecutivo local se ha propuesto, entre otros objetivos, que la municipalización de los autobuses urbanos permita “establecer líneas extraordinarias para colectivos o periodos determinados, así como para turistas con carácter general o con motivo de ciertos eventos”.
Entre los propósitos políticos de la decisión también está “alcanzar unos niveles de calidad equiparables a las medias nacionales en cuanto a líneas, frecuencias, vehículos y servicios complementarios” o “propiciar la articulación del territorio y una mejor conectividad de las barriadas”.
Igualmente se persigue “fomentar el transporte público y el consiguiente ahorro energético”; “modernizar la flota en función de las innovaciones y avances tecnológicos producidos y según criterios de eficiencia económica, energética y medioambiental”; y “abaratar el coste total del servicio, entre otros capítulos, por la vía de la eliminación del beneficio industrial del concesionario”.
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