La Delegación del Gobierno en Ceuta ha emitido un informe sobre medidas frente al COVID-19 en la ciudad autónoma. En febrero, un total de 4.333 trabajadores ceutíes percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etcétera) por un importe total de 3,3 millones de euros. De ellos, 609 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 385.624,6 euros. Desde abril de 2020, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 43,2 millones de euros (de los cuales, 10,7 corresponden a ERTES), 12,4 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
En Ceuta, se han tramitado 3.388 expedientes del IMV, de los que 1.181 han sido aprobados. Como consecuencia, en diciembre 4.236 ceutís han recibido esta prestación (2.264 adultos y 1.972 menores).
Desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, 2.046 autónomos recibieron algún tipo de prestación. A partir del 1 de octubre han entrado en vigor nuevas modalidades de prestaciones para autónomos: compatibles con la actividad, por cese o limitación temporal de actividad o por bajos ingresos; 733 autónomos ceutíes han recibido alguna de estas prestaciones.
En Ceuta, a 30 de septiembre, el 73,3 por ciento de los trabajadores afectados por un ERTE desde el inicio de la pandemia se habían incorporado al mercado laboral (llegando a ser 2.787 el 30 de abril). Desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, a pesar de las restricciones provocadas por las sucesivas olas, el número de trabajadores en ERTE disminuyó. En marzo, aun cuando estas medidas se relajaron, han aumentado los trabajadores en ERTE, sitúandose en 626 personas, 14 más que a finales de febrero.
A Ceuta le han correspondido 1,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (0,5 por ciento del total) para minimizar el impacto social de la pandemia. La Comunidad ha dispuesto de 523.250 euros de becas comedor. Se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 9 de mayo y de préstamos, tanto hipotecarios como no hipotecarios, hasta el 30 de marzo. Se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio y se ha definido la figura de “persona consumidora vulnerable” para garantizar una mayor protección de este colectivo. Se ha aprobado el Plan de Choque de la Dependencia 2021- 2023, dotado con 3.600 millones de euros. Dentro de este plan, al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) se le asignará 283,2 millones en total.
A 31 de marzo, en Ceuta y Melilla se han aprobado 1.837 operaciones, que afectan a 1.287 empresas, por un importe avalado de 112,4 millones de euros (0,1 por ciento del total) y una financiación total de 140,7 millones
Ceuta podrá destinar a gasto sanitario 29 millones de euros de Fondos FEDER (0,9 por ciento del total nacional).
Ceuta ha recibido un total de 25 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia: 18 millones corresponden a gasto sanitario (el 0,2 por ciento de los 9.000 del primer y segundo tramo) y 7 millones a gasto en educación (el 0,4 por ciento de los 2.000 del tercer tramo). Solamente las comunidades autónomas en régimen común participan en el cuarto tramo del Fondo COVID-19.
Siguiendo criterios relacionados con el impacto de la pandemia en la riqueza y en el desempleo de cada Comunidad Autónoma, Ceuta recibirá 24 millones de euros de los fondos REACT-EU (19,2 millones en 2021 y 4,8 millones en 2022). Estos recursos que forman parte de un paquete de ayudas europeo más amplio, deberán destinarse a reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como para apoyar a las pymes y los autónomos.
Del total de 7.000 millones de euros de la línea de ayudas directas no reembolsables, Ceuta recibirá 13,9 millones del primer compartimento dotado con 5.000 millones. Estas ayudas tienen carácter finalista y se repartirán entre los autónomos y empresas de los sectores más afectados, cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019, y se destinarán al pago de deudas contraídas con proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020.
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